Lo dijo el ‘experimentadísimo’ periodista Raymundo Riva Palacio: el video dado a conocer por CAMBIO donde se observa a un militar ejecutar a un civil en Palmarito Tochapan sacudió la opinión pública nacional.
Aunque el contexto es Puebla, sus implicaciones salen de aquí y de la guerra contra el huachicol, ya que el video impacta la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que busca regular la participación del ejército en las tareas cotidianas de seguridad pública, que estados y municipios no pueden prestar con eficacia.
Ese video demuestra que tampoco puede la Policía Militar. Las corporaciones estatales y municipales fallan por defecto; el ejército por exceso en el uso de la fuerza.
Lo dijo la ‘laureada’ periodista Carmen Aristegui en Aristegui Noticias: se trata de un video estremecedor.
A temprana hora de la mañana el video presentado por CAMBIO ya copaba las portadas de los principales diarios y portales de México: Reforma, El Universal, Milenio, Sin Embargo, SDP Noticias y Animal Político.
Como responsable de la nota y director de CAMBIO, fui entrevistado por Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui, Javier Solórzano y Raymundo Riva Palacio.
Expliqué por qué decidimos concentrarnos y editar con fines periodísticos el video que muestra la ejecución y, literalmente, despreciamos el segundo video que muestra el intercambio de fuego entre los dos bandos.
La razón es sencilla: ejecutar a un ciudadano desarmado e inerte es un acto de lesa humanidad, una violación flagrante a las garantías individuales, un acto atroz digno de una dictadura bananera.
El intercambio de balas es la normalidad de la violencia; hasta un niño de pecho hubiera encontrado esa lógica periodística.
Nos concentramos también en exhibir las mentiras del ejército: no hubo escudo humano de mujeres y niños, y a las citadas en los boletines de Sedena no coinciden con los tiempos del video.
Sólo un ejemplo: para las 8:30 pm del miércoles tres de mayo, cuando según la Sedena, se realizó la emboscada con escudos humanos que los militares no respondieron, en realidad había un contingente amplio de soldados en Palmarito tirando y enfrentándose –de forma ineficiente– a los huachicoleros.
Posteriormente llegó el exceso en el uso de la fuerza.
Aún hay muchas interrogantes, pero la Sedena y la XXV Zona Militar han perdido total credibilidad.
Se lo dije a Carmen Aristegui: se trata del primer testimonio histórico de cómo un militar ejecuta a un civil indefenso.
El caso Tlatlaya fue una reconstrucción con base a los peritajes que obtuvo el periodista Pablo Ferri.
El abuso de la fuerza en Nochixtlán, Oaxaca, fue demostrado con las fotografías que mostraron cómo los elementos de policías portaban armas y dispararon.
La presunta participación del ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se basa en las investigaciones de varios periodistas, destacando Anabel Hernández.
En Tanhuato, Michoacán, tuvo que entrar la CNDH para descubrir las ejecuciones extrajudicales y la alteración de la escena del crimen.
En Palmarito, a diferencia de todos los demás casos, hay un video claro e incriminatorio.
Conforme a su papel, la Defensa Nacional decide encubrir a los soldados que participaron del homicidio. Raro sería lo contrario.
Esta ejecución y violación a los protocolos de las Fuerzas Armadas no hace sino añadir más combustible –irónicamente– al Triángulo Rojo.
Ahora hay criminales entre los huachicoleros, pero también entre los militares, y dos mil más se aproximan a la zona.
La única diferencia es que unos traen uniforme y otros no.
Ni la PGR ni la Fiscalía Militar son instancias adecuadas para resolver este abuso de la fuerza.
La Fiscalía General del Estado, luego del escándalo, declinó toda la investigación hacia el Poder Judicial Federal.
La opinión pública nacional fue sacudida y esto apenas empieza.
No en balde todos los medios nacionales e internacionales voltearon a ver a Puebla.
Lo peor para la entidad, y para el gobierno poblano, es que ya no hay bando bueno.