El video detonado por CAMBIO y difundido profusamente por medios nacionales e internacionales en el que se observa a un soldado ejecutar a un civil desarmado y abatido no debe ser impedimento, sino impulso a fin de aprobar con urgencia la Ley de Seguridad Interior detenida en el Congreso de la Unión.

 

En el caso específico, el ejército no debe salir del Triángulo Rojo debido a que las policías estatales y municipales no son suficientes. La presencia de los militares, en teoría, inhibe la actividad ilegal del robo de hidrocarburo. Pasada la tempestad, la investigación de la PGR y CNDH, los militares deben volver a entrar en Palmarito y el resto de las comunidades. No hay otra opción.

 

Pero lo que no pueden hacer es seguir actuando sin una ley que regule sus nuevas actividades, y sobretodo, sin un marco que le asegure a los civiles que no cometerán excesos en su contra. Necesitamos estar protegidos de los profesionales entrenados para matar pero que, después de dos horas de balazos, se estresan (Sedena dixit).

 

Ese video muestra los peligros de que los soldados se encarguen de acciones de seguridad pública como última línea de defensa de la sociedad cuando policías federales, estatales y municipales simplemente ya no pueden. Entrenados para hacer frente a enemigos extranjeros, en esas funciones de seguridad pública se enfrentan a sus propios nacionales y el fuero militar queda en duda.

 

Se entiende el enojo del General Cienfuegos, el primero que ha pedido esa ley: el ejército la hace de refuerzo, distraen sus recursos humanos, y al final, se llevan el golpeteo ante la opinión pública cuando comenten un error como el registrado en video.

 

Ese enojo del jefe de la Sedena lo llevó a reaccionar con cólera y recordarle a los gobernadores —en especial a Moreno Valle— que sus omisiones llevaron a la crisis del robo de combustible. Pero eso ni siquiera es real, porque en primera instancia es Pemex quien debería atacar el fenómeno que sangra sus arcas y la PGR detener delincuentes dado que se trata de un delito federal.

 

El problema de la Ley de Seguridad Interior no es un video que muestra una ejecución, sino sus definiciones de fondo en torno al mando de las tropas en tareas correspondientes a civiles. No es un problema teórico o jurídico, sino muy real.

 

El conflicto es este: del más humilde soldado al secretario de Defensa Nacional y al Ejecutivo Federal, hay una cadena de mando que no se rompe, porque la milicia sólo responde al Jefe de las Fuerzas Armadas que es el presidente.

 

Pero ya en actividades de seguridad pública, ¿a quién van a obedecer? ¿A los civiles o a los militares? Y esas simples preguntas complican todo.

 

El PRI apuesta por un Mando Único a cargo de un Comandante Militar designado por el Ejecutivo, en el Acuerdo signado por el Ejecutivo federal para la intervención en acciones de Seguridad Interior. Es decir, aunque toda la ley habla de coordinación, al final acaba encargado en un soldado la jefatura de las operaciones, lo que lo coloca por encima de las autoridades civiles.

 

La propuesta del PAN se apuesta por un Mando Mixto, es decir, por crear un comité de colaboración entre las Fuerzas Federales, el ejército, y las autoridades civiles para delimitar perfectamente la zona geográfica, la temporalidad de las operaciones así como el funcionamiento de las instancias de coordinación y la supervisión de la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión.

 

Por supuesto, la Ley de Seguridad Interior tiene puntos más polémicos que de momento la atoran, como las funciones de inteligencia y recopilación de información a cargo de los militares, así como su uso en el proceso judicial y la necesaria autorización de un juez.

 

Palmarito y el video de la ejecución, lejos de levantar un muro a la Ley de Seguridad Interior, debe redoblar la urgencia, la necesidad, por darle un marco legal al ejército. Incluso, ante los abusos o excesos en la violación de derechos humanos, una eficaz legislación es más poderosa que veinte batallones o propaganda ficticia de escudos humanos de mujeres y niños.

 

*** Entre periodistas, cuestionar la fuente de información es una pendejada suprema. Queda.