Urgido de legitimar la versión de una persecución política como causa eficiente del Procedimiento de Determinación de Responsabilidades (PDR) que la Auditoría Superior del Estado le sigue por la cuenta pública 2013, a Eduardo Rivera Pérez le convendría aclarar el misterio de dónde se encuentra su secretario de Administración a lo largo del trienio, Íñigo Ocejo Rojo, quien prácticamente se ha desentendido de la fiscalización e incluso se rumora que se mudó a Estados Unidos para prevenirse de cualquier acción legal en su contra.

 

El ex alcalde Eduardo Rivera, en vez de lamentarse de la supuesta persecución, debería explicarle a Margarita Zavala, Josefina Vázquez Mota o Marko Cortés, su mal tino para elegir a los funcionarios que lo acompañaron en su trienio, en específico los dos responsables fundamentales de la cuenta pública: el tesorero Municipal y su secretario de Administración, ambos marcados por el mismo lastre de la falta de cédula profesional para comprobar sus estudios y la probable comisión del delito de usurpación profesional.

 

Durante el primer año de gestión de Eduardo Rivera Pérez, Arturo Botello Vargas se ostentó como contador público y firmó con las siglas CP documentos oficiales, estados de posición financiera, informes al Cabildo y remitió informes a la Auditoría Superior del Estado. Pero el 23 de febrero de 2012, CAMBIO publicó las pruebas de que el tesorero Municipal carecía del título y al firmar documentos oficiales, cometía el delito de usurpación profesional.

 

Un día después, el alcalde Eduardo Rivera Pérez despidió al ‘contador’ Botello de la administración municipal, aunque dejó en el aire las consecuencias ante la Auditoría Superior del Estado ya que firmó la cuenta pública del primer año.

 

Ahora, acompáñeme a ver la triste historia de Íñigo Ocejo Rojo, otro funcionario sin título del gobierno municipal del ‘perseguido’ Lalo Rivera.

 

Al asumir la Secretaría de Administración el 15 de febrero del 2011, Ocejo Rojo se asumió como ‘Licenciado en Alta Dirección de Empresas’ por la Universidad de las Américas Puebla, como incluso todavía afirma en su perfil de la red profesional LinkedIn.

 

Sin embargo, ni en la Udlap ni el registro de profesiones de la SEP, aparecieron esos estudios y ante una investigación periodística, el 16 de mayo del 2011 el titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información, José Antonio Salazar Andreu, respondió: “le informo que la cédula profesional está en trámite”.

 

Ya en pleno escándalo Botello, y luego de firmar cientos de oficios como ‘Licenciado’, Ocejo Rojo decidió que necesitaba el título y cédula profesional para defenderse de la comisión de un probable delito como usurpación de profesiones consignado en el Código de Defensa Social.

 

Y para ello, decidió titularse en su propio escuela, el Colegio de Alta Dirección de Empresas AC, institución que papá creó en el año 2000 y de la que el propio Íñigo Ocejo Rojo era uno de los socios mayoritarios, además de representante legal, de acuerdo, con el acta constitutiva firmada ante la fe del notario público 44 Carlos Barrientos Granda.

 

En la escuela de ‘papi’, que a su vez es su escuela, y que de acuerdo con los registros de la Secretaría de Educación Pública el que firmaba las calificaciones era su papá, Jorge Ocejo Moreno, ahora sí en 2012 pudo titularse como ‘Licenciado en Alta Dirección de Empresas’ con lo que la SEP pudo otorgarle la correspondiente cédula profesional. Pero, repito, eso ocurrió en 2012.

 

Decidido a borrar las huellas de cómo consiguió su ‘licenciatura’, formalmente la familia Ocejo Rojo transmitió la propiedad del Colegio de Alta Dirección de Empresas AC a Luis Fernando Jiménez y Flores, María del Carmen Flores Martínez y Rosana de la Hidalga Flores, quienes se presumen prestanombres.

 

¿Cómo puede defenderse una cuenta pública si sus dos responsables carecían de estudios profesionales? ¿Por qué no verificó Eduardo Rivera Pérez los antecedentes de sus funcionarios? ¿Ya le contó a Margarita Zavala de los casos de Arturo Botello Vargas e Íñigo Ocejo Rojo, probables responsables de la comisión del delito de usurpación profesional previsto en el artículo 250 del Código Penal Federal?

 

¿Y dónde andará Íñigo Ocejo? ¿Por qué Lalo Rivera es el único que pone la cara en la defensa de su cuenta pública? ¿Su secretario de Administración se fue a vivir la vida loca a Miami y lo dejó clavado?