De un tiempo acá, cada mañana Puebla amanece con una nueva desgracia. Tantas, que los periodistas comenzamos a no darnos abasto para cubrirlas.

 

Si no es un asalto al transporte público, es un operativo para detener a los sicarios que ejecutaron al Comisario de la Policía Federal en Veracruz, o el homicidio de Meztli Sarabia en las oficinas de la UPVA 28 de Octubre, o la cacería de ‘El Quino’ en Chipilo, jefe del CJNG, donde vivía con su novia desde hace cinco años y ordenaba, desde ahí sin ser molestado por nadie, todo tipo de atrocidades en la entidad vecina.

 

O es la muerte de un policía héroe que también era luchador, o un poblano baleado por resistirse a un asalto con violencia, o en un mismo día seis asaltos a rutas. La secuela de este infierno fue la masacre perpetrada ayer por ‘El Cuije’ en Huehuetlán El Grande, un conocido maleante de la región al que incluso se le adjudica el homicidio del alcalde ocurrido el año pasado pero nunca fue detenido por la Fiscalía General del Estado.

 

‘El Cuije’, que se dedicaba a la distribución de huachicol en la zona, suspendió el negocio por la guerra en el Triángulo Rojo y mudó sus actividades criminales al cobro del derecho de piso y extorsión a los comerciantes y huachicoleros.

 

Este criminal desató ayer un infierno cuando llegó al municipio a cobrar a sus ‘deudores’ y puso ejemplo ejecutando a los que se negaban a pagar. El resultado de esa jornada de terror fue de nueve muertos, incluido el comandante de la Policía Municipal. Cinco de ellos fueron ‘levantados’ y luego calcinados en Santo Tomás Chautla donde se les encontró.

 

¿Qué nueva desgracia nos espera mañana?

 

Me imagino que si los periodistas, las redacciones de los medios de comunicación, ya no nos damos abasto para atender la cobertura noticiosa, tampoco la Fiscalía General del Estado y su personal para dar cauce a las miles de carpetas de investigación por robos con violencia y homicidios dolosos en todas las zonas del estado. Y tampoco la Secretaría de Seguridad Pública para mantener la seguridad con poco más de cinco mil elementos operativos, incluidos policías municipales.

 

El déficit de policías es evidente. A ‘Chucho’ Morales le faltan manos. Y aún peor, si tomamos en cuenta que muchos agentes estales fueron trasladados a la zona del Triángulo Rojo para enfrentar a las mafias del huachicol. Quizá, al darle prioridad a esa guerra, los maleantes se dieron cuenta que municipios enteros quedaron desguarnecidos.

 

La Guerra en el Triángulo Rojo, de esta forma, sería el origen de la crisis de seguridad pública en Puebla: concentrar tantos elementos en la zona, de forma lógica, dejó desprotegidas otras. Zonas donde los delincuentes ‘han sentado sus reales’ ante la ausencia de los cuerpos de seguridad. El problema es que la guerra en la zona está lejos de ganarse, aun con el apoyo de militares y la Marina.

 

Los resultados de esta guerra, optimistas en cuanto a litros de combustible decomisados y vehículos retenidos, indican que falta mucho tiempo para ganarle. Ni el ‘Bukanas’ ni ‘El Toñín’ han sido detenidos, mientras que ‘La Negra’ ha multiplicado sus actividades en la zona de San Martín y Tlahuapan, el nuevo centro neurálgico de las tomas clandestinas.

 

Por si fuera poco, los resultados tampoco se observan en el número de tomas ilegales. Si bien en abril hubo un respiro con sólo 59, en mayo volvieron a repuntar para llegar a 114 en mayo. En total, van 575 en el año, casi 20 por ciento más que en 2016. Es decir, la militarización contuvo momentáneamente pero no ha frenado la actividad criminal las mafias chupaductos.

 

El precio que todos los poblanos pagamos por la guerra en el Triángulo Rojo es que nuestras calles, colonias y municipios quedaron desguarnecidos para que ‘raterillos’ de todo tipo las ocupen, poniendo en peligro nuestra vida y patrimonio. Si no es en el transporte, es el robo con violencia a negocios y domicilios, el cobro de ‘derecho de piso’, huachicoleros que se convierten en extorsionadores y, en días malos, asesinatos con connotaciones políticas como el de Meztli Sarabia.

 

Policías estatales, militares y marinos resguardan los ductos que Pemex no puede ni quiere proteger de su propia corrupción interna. Mientras tanto, ¿quién nos protege a los poblanos?