Alguien mal aconseja al gobernador en relación al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y lo hace desaprovechar la extraordinaria relación que Antonio Gali Fayad tiene con dueños de medios de comunicación y reporteros, a diferencia del conflictivo trato que con muchos de ellos tuvieron, tuvimos, con Rafael Moreno Valle y Mario Marín.

 

La iniciativa de este mecanismo no nació en Puebla, sino que es una respuesta del Estado mexicano a la precaria posición de reporteros, periodistas y activistas ante la violencia que proviene tanto del poder político como de los poderes fácticos del crimen y el narcotráfico tras la ejecución de Javier Valdez, clímax de la intimidación sistemática que vivimos quienes nos dedicamos a este oficio.

 

A diferencia de otras entidades, podría considerarse que tal Mecanismo de Protección no es de urgencia en Puebla a excepción del abierto espionaje que sufrimos algunos periodistas en el sexenio anterior, por lo menos este tecleador y Enrique Núñez Quiroz, director de Intolerancia Diario —según documentó Rodolfo Ruiz Rodríguez— desde oficinas operadas por el morenovallismo, en específico bajo el comando de Eukid Castañón.

 

El oficio periodístico en Puebla, sin embargo, se ha enrarecido en los últimos meses concretamente en la zona conocida como el Triángulo Rojo que amenaza con aplicar la ley de plata o plomo que los cárteles del narcotráfico impusieron en estados como Sinaloa, Tamaulipas o Veracruz. Los cabecillas del huachicol intimidan a los corresponsales de los medios capitalinos y a los reporteros de los medios regionales, para que dejen de enviar información a las redacciones centrales.

 

Con mucha valentía, los corresponsales y reporteros de medios regionales continúan informando pese a las amenazas, pero nadie está exento de que más tarde o más temprano éstas se tornen reales. Es en ese momento cuando un Mecanismo de Protección fuerte, legitimado, debe actuar para salvaguardar la libertad de informar.

 

Desafortunadamente el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos nació muerto, sin legitimidad ni fortaleza en el gremio. Por definición, al tratarse de un mecanismo —no de una fiscalía ni de una oficina gubernamental— su objetivo es la colaboración entre quienes integramos el medio de los potencialmente intimidados, amenazados, con las autoridades gubernamentales que están obligados a garantizar el ejercicio periodístico en libertad.

 

El Mecanismo nace muerto porque Diódoro Carrasco, secretario General de Gobierno, no se dio a la tarea de consensuar su integración ni con los medios de comunicación, ni con activistas, ni con organismos de defensa de derechos humanos. Así, el Mecanismo no es de defensa sino de docilidad hacia el gobierno estatal. 

 

Hablar de docilidad en el Mecanismo es poco cuando una empleada del organismo gubernamental Puebla Comunicaciones, Patricia Estrada funge como una de las vocales. Al recibir un cheque como empleada, existe una relación de subordinación jerárquica. ¿Con qué autonomía puede actuar en el Mecanismo?

 

Otro de los vocales, Angélica Rosales, dueña-socia-directora del portal Imagen Poblana carece de cualquier antecedente relevante en los medios de comunicación locales, pues su constante ha sido la docilidad ante el gobernador en turno. ¿Qué tipo de experiencia puede tener en las relaciones peligrosas que ocurren tanto con los poderes políticos como fácticos? Su escasa penetración y bajo nivel es el espejo de su influencia.

 

Terminar por matar a este Mecanismo la designación de Olivia de los Ángeles Pérez Gutiérrez como responsable de la Unidad Estatal de Protección, alguien que desconoce absolutamente y jamás ha tenido relación con los medios de comunicación. Sus únicos antecedentes son un puesto de burócrata en la Fiscalía General del Estado, así como una maestría en Sistema de Justicia Penal Acusatorio. ¿Alguien la conoce?

 

Nunca hubo una consulta ni para integrar a los vocales, ni para definir al responsable operativo del Mecanismo. No parece esto una actitud del gobernador Gali, sino del titular de la SGG que, conforme al gobierno anterior, entiende a los periodistas como enemigos, sujetos dignos de espionaje, como la primera línea de defensa de la sociedad ante los abusos del poder.

 

 

El gobernador no debería dejar que funcionarios menores lo mal aconsejen. Quizá son envidiosos de que a diferencia de sus predecesores, Gali no necesita la amenaza y tampoco la lisonja pagada.