Miguel Ángel Martínez hermano del capo huachicolero ‘El Toñín’, hace campaña abierta para hacerse cargo del gobierno municipal de Quecholac a través de su asociación Civil ‘Fusión y Fuerza’ desde la que organiza festivales para regalar obsequios a madres, niños, y paga infomerciales en las televisoras locales a fin de hacerse más conocido.

 

Aunque su hermano es uno de los capos que busca La Marina por todo el estado, Miguel Ángel Martínez continúa sus actividades proselitistas sin molestias y sin que la Fiscalía General del Estado lo haya mandado a declarar. El presidente de la AC recientemente dio una rueda de prensa en la que sostuvo que buscará la presidencia municipal pese a las acusaciones contra ‘El Toñín’.

 

Jesús Martín Mirón López alias ‘El Kalimba’, jefe de sicarios de ‘El Toñín’, financia las actividades de su tío Martín Mirón López para buscar la alcaldía de Palmar de Bravo. ‘El Kalimba’ eludió la semana pasada un operativo de La Marina para detenerlo, pero al tío nadie lo molesta por lo que continúa su campaña.

 

Ninguno de ellos, ni Miguel Ángel Martínez ni el tío de ‘El Kalimba’ tienen partido político todavía para postularlos en 2018, pero lo que sí tienen es mucho dinero. Dinero proveniente del robo de ductos y la venta ilegal de combustible. Dinero atractivo para los partidos, las coaliciones y hasta para las candidaturas independientes.

 

Una parte del proceso electoral del 2018 va a estar marcada por la presencia de la ‘huachipolítica’: el financiamiento de campañas electorales con el dinero ilícito del huachicol para imponer presidentes municipales, regidores, funcionarios estatales, diputados federales o senadores y quizá hasta gobernador… o gobernadora.

 

No sería la primera campaña electoral poblana en la que entra dinero sucio de esos grupos criminales, una vez que ya fue documentado cómo Othón Muñoz alias ‘El Cachetes’ le regaló a Javier Lozano Alarcón en 2012 una camioneta Escalade con valor superior al millón de pesos, y que éste no reportó la donación al Instituto Nacional Electoral.

 

Entre tantas discusiones absurdas que vive Puebla, no se escucha cómo el Instituto Estatal Electoral y sus consejeros van a impedir la entrada de dinero sucio a las campañas electorales. ¿Jacinto Herrera y compañía tendrán alguna idea para impedir la ‘huachipolítica’? No parece.

 

No es una responsabilidad que podamos delegarle a los partidos políticos como ejemplifica el caso de Pablo Morales Ugalde, el edil de Palmar de Bravo que fue detenido por lavar dinero del huachicol y ahora enfrenta varios procesos penales. Pero Pablo Morales fue postulado en 2013 por el PSI y le ganó a Pedro Barojas, el candidato de la megacoalición morenovallista. 

 

En 2013 el huachicol comenzaba apenas a dispararse, pero estaba lejos todavía del nivel histórico de tomas clandestinas a las que se llegó en 2015 y 2016, los dos peores años de la administración morenovallista en los que lejos de armar una estrategia para frenarlos, dos jefes policías fueron detenidos al proteger un convoy de 29 vehículos.

 

A nadie le sorprende por qué el hermano de ‘El Toñín’ quiere la alcaldía de Quecholac El Kalimba la de Palmar de Bravo para su tío. No se trata solamente de tomar el control de las desguarnecidas policías municipales, sino de los mecanismos de presión para que los agricultores puedan venderlos o rentarles las tierras por las que pasa el ducto México-Minatitlán.

 

La estrategia de Gali rindió efectos hasta el momento, pero el ducto no se va a ir. Si bien es cierto que la mayoría de huachicoleros abandonaron momentáneamente la zona del Triángulo Rojo para mudarse a San Martín Texmelucan, es obvio que van a regresar en algún momento. ¿Y algún momento mejor que algún pariente directo haya alcanzado el control político de los ayuntamientos? ¿No se puede seguir el negocio en paz?

 

El dinero sucio de los huachicoleros va a financiar campañas electorales de alcaldes en la zona del Triángulo Rojo, pero también las de diputados locales, federales, senadores y en unas de esas hasta el gobernador. No se trata de escenarios de periodismo de ficción, sino la reproducción del fenómeno conocido como narco política y cuyos verdaderos alcances nos son ajenos tanto por monto como por la cantidad de políticos que se dejaron seducir por el dinero del crimen organizado. La infiltración de los criminales en las instituciones es el objetivo.

 

Sería interesante que tanto el IEE como el INE, al igual que la Secretaría General de Gobierno nos expliquen los mecanismos para evitar la infiltración de ese dinero sucio, así como por qué las tareas de inteligencia dejan que ‘El Toñín’ y ‘El Kalimba’ sigan financiando la campaña de sus familiares.