Construir y reconstruir es un gran negocio. Hacerlo bajo circunstancias de urgencia por un desastre natural, es una mina de oro que enriquecerá a muchos si los presupuestos no son vigilados por una Comisión que integren damnificados, autoridades y colectivos de la sociedad civil que movilizaron los apoyos a las comunidades antes que la llegada del gobierno.
Reconstruir viviendas, escuelas y hospitales es una necesidad, pero no todas las obras deben tener el mismo tratamiento, porque no es igual la casa de adobe de un mixteco que el Hospital General de Izúcar de Matamoros, el Complejo Médico Río Arronte o escuelas históricas como la Héroes de la Reforma o la Leona Vicario. Y por supuesto, los templos religiosos que chuparán dinero federal del INAH.
¿En qué consisten las diferencias?
Uno puede entender el derrumbe del Centro Escolar de Izúcar: es una obra de décadas, sin mantenimientos mayores y que al final no aguantó la acometida de la naturaleza. Dio de sí y ahora es un problema para los más de dos mil estudiantes inscritos que deberán ser reubicados o perderán el año escolar.
Pero cómo entender la fractura o derrumbe de algunas de las obras morenovallistas inauguradas entre bombo y platillo por el ex gobernador en el último tramo de su sexenio, cuando parece que dejaron de tener la solidez que sí exhibieron en el primer tramo. ¿Qué pasó?
Durante el sexenio anterior fuimos bombardeados por la cantidad de obras que se hicieron sin pedir un solo peso prestado. No obstante, varias no aguantaron el sismo de 7.1 grados. En pocas palabras, fueron una mal hechura. Obras caras y de escasa calidad. ¿Con qué garantía podremos afirmar que ahora sí se harán bien, tal como lo reclamaron los padres de familia que atestiguaron el inicio de la reconstrucción del Centro Escolar de Izúcar?
Bien visto, se trata de un daño al erario: gastar para construir o rehabilitar y volver a gastar para reconstruir. Un negocio redondo donde sólo ganan las empresas constructoras y los que asignan.
Un ejemplo perfecto es el Hospital General de Izúcar, cerrado desde la semana pasada para reparaciones mayores por daños estructurales. Ese nosocomio fue remodelado en septiembre del 2011, donde el ex gobernador manifestó que el gobierno marinista había gastado 250 millones de pesos en heredarle la ‘construcción de un elefante blanco’ el cual carecía de agua potable y una planta de energía. El morenovallismo le invirtió 75 millones para ponerlo operativo. Sin embargo la remodelación no tuvo muchos frutos ya que seis años después tuvo que ser desalojado.
¿Y qué decir del Complejo Médico Gonzalo Río Arronte? Ahí se fueron 326 millones e igual está cerrado por daños estructurales.
Los hospitales no son los únicos que enfrentan este proceso de construir y reconstruir. También la Casa de Justicia de Atlixco que tuvo una inversión de más de 24.6 millones de pesos inaugurada el 21 de enero del 2016. En Tehuacán el CIS inaugurado el 25 abril del 2013 con inversión 151 millones 800 mil pesos, y el Hospital de la Mujer de ese mismo municipio abierto desde el 20 de junio del 2013 con una inversión de 235 millones de pesos.
La Casa de Justicia de Chiautla de Tapia, que tuvo una inversión superior a los 23.6 millones de pesos y fue inaugurada el 17 de enero del 2017.
Quizá en el global de las obras morenovallistas todas estas sean una excepción, pero por la cercanía de su apertura todavía podría proceder aplicar las fianzas por vicios ocultos. ¿Por qué volver a gastar dinero del erario en reconstruirlas? ¿Quién las hizo mal?
¿Y las viviendas? El censo ya subió a 13 mil casas con daños, pero las estimaciones más realistas señalan que terminará en 15 mil. ¿De ellas cuántas son pérdida total?
¿Y las escuelas? 35 son pérdida total, entre ellas los inmuebles históricos de la Héroes de la Reforma y la Leona Vicario. Pero con daños son más de mil.
Sin una Comisión que integre a gobierno, damnificados y organizaciones de voluntarios, la reconstrucción será un negocio imparable sin que haya garantías de que se logren los objetivos.