La decisión del Congreso local de quitar a los taxis tradicionales el monopolio del servicio público mercantil y legislar el ingreso de las plataformas tecnológicas de transporte ejecutivo como Uber o Cabify fue excelente. Sin embargo, fue deficiente y terrible la mínima regulación que establecieron para ellas en la Ley Estatal del Transporte.
La plataforma Uber en Puebla vive un periodo de prosperidad y expansión: en apenas dos años, desde que la figura de servicio de transporte ejecutivo fue introducida en la legislación local, suman 9 mil 810 vehículos registrados en la zona metropolitana frente a los 13 mil 320 taxis tradicionales.
Es decir, en apenas dos años, Uber acapara el 43 por ciento del mercado del transporte privado desde que se eliminó el pernicioso monopolio de las concesiones y venta de placas. Sin duda, esta bonanza puede explicarse con la presencia de destacados políticos del morenovallismo que invirtieron millones de pesos en la adquisición de unidades.
Dicha presencia provocó que la legislación de la plataforma fuera cuando menos laxa en dos puntos específicos: el reclutamiento de los choferes y la supervisión del número de servicios realizados, así como montos pagados por cada uno, bitácora imprescindible para cotejar el pago mínimo del 1.15 por ciento que les fue impuesto como contraprestación.
Como ya analizamos cuando ocurrió el feminicidio de Mara Castilla a manos del socio de Cabify Ricardo Alexis N, al reformar la Ley del Transporte, los diputados locales encargaron a las propias plataformas el cumplimiento de ciertos requisitos para el reclutamiento de los choferes, entre ellos la aplicación de exámenes psicométricos y toxicológicos. Pero increíblemente, la Secretaría de Infraestructura y Transportes (SIMT) no tiene facultades de supervisión.
En el caso específico de Uber, la empresa BlackTrust se encarga de llevar a cabo la política de reclutamiento, esto es, la aplicación de los exámenes psicométricos y toxicológicos. Sin embargo todo se hace en total secrecía pues esa empresa sólo notifica a través de un correo si fueron aceptados o no, pero guarda todos los antecedentes.
Y aquí viene lo peor: después de admitidos en la plataforma, Uber no exige a sus socios o choferes la aplicación de estos mismos exámenes nunca más. Ni siquiera la renovación periódica de su carta de antecedentes penales. ¿Cómo no se les van a colar hampones que delinquen usando a la plataforma como escudo o cometen asaltos violentos?
Esto choca con el mecanismo de supervisión que sí aplica la SIMT a los choferes del servicio público mercantil. Ellos presentan anualmente el examen toxicológico y psicométrico con un costo de 825 pesos y deben someterse a cursos de capacitación en cuestiones tácticas y prácticas del manejo de un automóvil con valor de 570 pesos.
Un trabajador del servicio mercantil tiene que desembolsar dos mil 775 pesos en caso de iniciar a laborar por primera vez en un taxi, pues la expedición de la licencia mercantil cuesta mil 1120 pesos, además de presentar exámenes visuales, toxicológicos y psicométricos con un coste de 825 pesos con vigencia de un año, además deberá solventar 260 pesos por la expedición de la carta de antecedentes no penales. También aprobar un curso de capacitación el cual deben de realizar en el Centro de Desarrollo y Formación, en la UPAEP, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez o en el organismo certificador Excela, siendo el costo del curso 570 pesos.
Plantear el debate de si los taxis tradiciones son mejores que los Uber o viceversa es ocioso. Lo único malo es el monopolio y lo mejor para la sociedad es la competencia empresarial, pues ésta siempre redunda en beneficio de los usuarios en costo y prestación del servicio. Bienvenido Uber y todas las demás plataformas.
Ahora los Uber o Cabify pueden ser satanizados por los casos de Mara Castilla o el incremento de los atracos violentos en los que sus conductores se han visto involucrados. Pero habría que recordar la situación previo a 2015, cuando los taxis tradicionales tenían el monopolio: prestaban un servicio terrible, caro, sin ningún tipo de seguridad, abusivo y en muchas ocasiones se involucraron el delitos como el robo a clientes como en el caso de los llamados taxis ratas.
Viva la competencia. Uber no debe ser eliminado ni restringido su servicios, pero debe mejorarse notablemente su regulación. Esa es tarea de los diputados, pero ya sabemos que se interponen los intereses de los morenovallistas de la cúpula que acumulan una cantidad importante de los casi 10 mil vehículos registrados en la plataforma. Es absurdo que el cumplimiento de los requisitos quede en manos de las mismas empresas del transporte ejecutivo, sin que la SIMT tenga facultades de supervisión de los antecedentes y exámenes de los choferes.