En un periodo de crisis económica, Uber en Puebla es un negocio fabuloso. La gallina de los huevos de oro.

 

De acuerdo con reportes oficiales del gobierno estatal, en siete meses de operación la plataforma ha pagado 10 millones 660 mil de pesos del impuesto al 1.5 por ciento por viaje que se le impuso en la Ley de Ingresos.

 

Si las matemáticas funcionan, significa que la plataforma ha facturado en esos siete meses alrededor de... ¡700 millones de pesos!

 

De acuerdo con esos datos Uber ha realizado 14 millones de servicios, por lo que en promedio factura 50 pesos por servicio.

 

Con esas ganancias no sorprende el ritmo de crecimiento de socios, choferes y vehículos hasta volverse incontrolable.

 

En ese tsunami de nuevos choferes y vehículos, sin duda se han colado maleantes que se prestan a la comisión de robos violentos que terminan en finales funestos como le ocurrió a Mariana Fuentes, estudiante de la BUAP.

 

Cuando terminó el sexenio de Moreno Valle, la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes tenía registradas 2 mil 943 unidades en la plataforma Uber.

 

Para final de febrero prácticamente se duplicó y llegó a 5 mil 860 unidades registradas.

 

En el corte a septiembre, la cifra de dichos vehículos alcanzó las ¡10 mil 789 unidades!

 

¿Cómo no se les van a colar hampones si crecen a esa velocidad?

 

Observando esta danza de millones se obtiene una nueva perspectiva del conflicto entre las plataformas y los taxistas tradicionales.

 

Conflicto que no es retórico, sino de numerosos casos de agresiones físicas entre un bando y otro.

 

Lo que está en juego es un botín descomunal del que nadie rinde cuentas porque pasa desapercibido.

 

Los taxis tradicionales perdieron por lo menos 43 por ciento del mercado en un par de años. Pero el ritmo de crecimiento de Uber no se detiene, y sin duda, los tradicionales abonan al desprestigio de las plataformas aprovechando los casos de Mara Castilla y Mariana Fuentes.

 

No se trata de una guerra por la seguridad de los usuarios, sino una guerra económica por las ganancias.

 

Hasta ahora, el gobierno de Gali era mero observador pasivo que no intervenía para ordenar lo que se acusa una competencia desleal desde que Uber, aprovechando un vacío legal, comenzó a aceptar cobros en efectivo.

 

Pero no es la única competencia desleal: aunque lo tiene prohibido, los Uber hacen sitio en lugares populares para recoger transporte.

 

Los taxistas tradicionales todavía son más en la zona metropolitana, 13 mil frente a 10 mil 789 Ubers, pero tienen perdida la batalla en las redes sociales y en los usuarios.

 

Ayer, al fallido anuncio de la suspensión temporal de los servicios de Uber, los poblanos reaccionaron masivamente censurando la decisión deplorable que devolvería a los taxistas tradicionales el monopolio del mercado, y a recuperar esos 700 millones que perdieron en los últimos meses.

 

La solución no es prohibir, sino regular mejor. Con buenos reflejos, el gobierno reaccionó y modificó. Lo que viene es una mejora a la ley para hacer más estrictas las políticas de reclutamiento, darle dientes a la SIMT para verificar quiénes son los choferes.

 

No se quede corto gobernador: hay que subirle el impuesto a las plataformas del servicio ejecutivo. No es poca cosa facturar 700 millones en unos meses y solamente pagar un impuesto de 1.5 por ciento.

 

Ya se sabe que donde se paga 1.5 por ciento, se puede pagar 3 o hasta 4.5 por ciento

 

Anímese: por algo es tan buen negocio y se tiene ese ritmo de crecimiento.