La ola de violencia que vive Puebla, el año sangriento en materia de delitos de alto impacto y el impactante despegue en la cantidad de homicidios dolosos, no pueden explicarse sin el factor de correlación que es la impunidad, cuyo agente central es la Fiscalía General del Estado, una institución bajo crítica mediática permanente.
De alguna forma, el Nuevo Sistema de Justicia Penal puso una lupa sobre la institución, pues ahora la actuación de sus Ministerios Públicos ocurre a los ojos de todos. Unos casos se resuelven mejor, otros peor, pero la difusión del estudio de la ONG Impunidad Cero puso en evidencia todas las debilidades institucionales del organismo.
Impunidad Cero, la ONG creada por Federico Reyes Heroles, desnudó en su estudio a la FGE de Carrancá como la tercera peor del país de acuerdo con su Índice de Desempeño basado en siete variables. Los problemas son en su mayoría internos, pero su impacto es hacia afuera.
Como escribió Guillermo Zepeda Lecuona, uno de los investigadores de la ONG y académico del CIDE que coordinó la investigación, “el Ministerio Público es el corazón de la impunidad: la probabilidad de que una persona cometa un delito y sea puesto a disposición de un juez por el Ministerio Público es de 0.40 por ciento; en tanto que ya estando ante el juez, la probabilidad de ser procesado y condenado es de 74 por ciento”.
Que la FGE sea calificada como la tercera peor del país es un dato demoledor. Si lo sumamos al reciente robo perpetrado por un funcionario de la propia Fiscalía a cargo de la Bodega de Indicios, agravado por la difusión interna de un video en el que se exhibe a otro funcionario cobrando ‘moche’, se confirma una clara la crisis institucional, de organización interna y de credibilidad ante la sociedad.
Carrancá pasó de procurador a fiscal, y resulta increíble que en casi siete años de gestión los déficits institucionales sigan arraigados. No creo que nadie pueda criticar el compromiso del fiscal, pero a todas luces son evidentes los fallos en su equipo de trabajo que ameritan una limpia. En ese equipo ni hay cohesión, ni lealtad a la institución, mucho menos trabajo en equipo.
Las debilidades institucionales están a la vista según Impunidad Cero. La peor, sin duda, es el indicador de que en Puebla apenas se cuenta con 4.3 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes. En esa variable, la FGE del estado es la quinta peor del país, de tal forma que el personal es insuficiente y las cargas de trabajo extenuantes.
¿Por qué chingao no se aplica el dinero en la contratación y capacitación de más M.P.? ¿Es falta de presupuesto o una estrategia de contención para evitar la presentación de más denuncias, de tal forma que el estado pueda presentarse como uno de baja criminalidad?
Y es que entidades con menos presupuesto que Puebla, como Chihuahua, Quintana Roo o Baja California Sur, tienen muchísimos más Ministerios Públicos a la disposición de sus ciudadanos, en promedio 20 por cada 100 mil habitantes. En ese sentido, sólo Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Sonora poseen menos Ministerios Públicos que Puebla, y la media nacional es 8.6.
Esa debilidad institucional tiene importantes efectos fuera de la institución: el presupuesto per cápita en procuración de justicia en Puebla es de apenas 128 pesos, mientras que en Chihuahua es de 1,079 pesos.
Así, el promedio de casos asignados a cada Ministerio Público de la FGE es de… ¡240! ¿Con esa carga de trabajo quién puede darle seriedad, dedicación a la investigación de la comisión de un delito? Luego entonces, el tiempo promedio para denunciar es de 200 minutos, casi 3 horas y media, lo que desalienta a los ciudadanos a acudir a conocer la comisión de un ilícito. Lo único en lo que destaca la FGE es la efectividad en cumplimiento de ejecución de órdenes de aprehensión: 62 por ciento, la séptima mejor del país.
Al final, entre la cifra negra de delitos que no se denuncian, los que sí se denuncia, se investigan, se culmina la carpeta de investigación o averiguación previa y se consigna ante un juez, la probabilidad que ofrece la FGE de esclarecer un delito es de .42 por ciento, por lo que la conclusión de los investigadores es que hay mayor probabilidad de ganarse el sorteo Zodiaco.
El fiscal Carrancá defendió, lógicamente, su trabajo atribuyendo a la ONG un error de metodología que llevó a posicionar a la FGE como la tercera peor del país, pero nadie entendió ese error y por qué no fue notificado oportunamente a Impunidad Cero.
Ahí está el nudo de la impunidad. Señor Fiscal Carrancá, es hora de renovar su equipo de trabajo y exigirles a los diputados más recursos que puedan traducirse en más Ministerios Públicos.