El de Moreno Valle fue el sexenio del huachicol o el momento en que la zona del Triángulo Rojo se jodió para convertirse en un conjunto de municipios que disputan el crimen organizado con el apoyo de una población hambreada que ve en el saqueo del combustible la forma de allegarse un ingreso decente.
En el primer año de su sexenio, apenas hubo 65 tomas ilegales y el segundo año, sólo 92. La situación era muy manejable hasta que en 2013 y coincidiendo con la llegada de Facundo Rosas a Seguridad Pública, comenzó la vorágine del robo de combustible.
Fueron 169 tomas en 2013; 271 en 2014 y 785 en 2015, el año en que militares detuvieron a dos mandos de la SSP y cimbraron la estructura de la seguridad pública. Los protectores del negocio multimillonario no estaban en Pemex ni en las policías municipales del Triángulo Rojo, sino en la dependencia a cargo de Facundo Rosas Rosas.
Rosas Rosas que no cayó por el caso Chalchihuapan, ahora fue despedido de forma fulminante, pero el daño estaba hecho: el huachicol y el sexenio de Moreno Valle se unieron para toda la eternidad en un matrimonio forjado en el infierno.
Facundo se fue, los mandos policías de SSP permanecen en la cárcel bajo proceso, pero el morenovallismo nunca fue capaz de dar una explicación coherente, ni armar una política de seguridad para combatir el fenómeno con eficacia.
Ya sin Rosas Rosas y ahora con Rodríguez Almeida, en 2016 se descubrieron 1 533 tomas ilegales, es decir, prácticamente el doble que en 2015, cuando se triplicaron las de 2014. Los Arcos de Seguridad, extrañamente, nunca captaron nada y demostraron la inutilidad de su construcción.
El resto de su sexenio Moreno Valle se la pasó echándole la bolita tanto a la PGR como a Pemex e incluso a los diputados federales que no habían modificado los tipos penales. Todos tenían la culpa, menos él.
Los poblanos nunca nos chupamos el dedo. Es cierto que la complicidad desde Pemex es innegable y que las policías municipales son los cuerpos de seguridad más corrompibles. Pero en el imaginario colectivo, luego de Facundo y los dos mandos detenidos, siempre se supo que desde el gobierno morenovallista había tolerancia al huachicol.
Nuevo sexenio, nueva política.
Antonio Gali Fayad ha decidido cortar de tajo con esa tolerancia mal disimulada al robo de hidrocarburo y para prueba lo ocurrido el viernes por la noche cuando, para sorpresa de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública exhibió la detención de dos policías municipales de la SSPTM que custodiaban un convoy en la zona de Chachapa.
Las implicaciones son gravísimas para Alejandro Santizo que, precisamente, llegó a Puebla de la mano de Facundo Rosas y luego supo acomodarse como titular de Seguridad Pública municipal con el alcalde Gali Fayad.
Luego, cuando ganó la gubernatura, Santizo era el candidato natural para sustituir a Rodríguez Almeida en la SSP. Pero algo pasó. En los meses de las definiciones, para octubre o noviembre, un informe de la Marina y otro de inteligencia militar aconsejaron al gobernador electo no ascenderlo.
El destino de Santizo aparentemente se estrelló pese a que Banck lo ratificó en el cargo.
Hoy, Alejandro Santizo se encuentra contra las cuerdas por ser el superior jerárquico de los policías municipales detenidos el viernes. No atina a dar una explicación. El alcalde Banck inmediatamente reaccionó solicitando una investigación para deslindar responsabilidad.
Pero Santizo guarda silencio. Si sabía que sus policías custodian convoyes, forma parte de la mafia protectora de los chupaductos. Si no sabía, es incapaz de mantener la honorabilidad del cuerpo que dirige. La situación es gravísima.
Pero lo peor era fingir demencia entre la delincuencia organizada del huachicol. Por eso la instrucción de Gali Fayad a Jesús Morales Rodríguez fue abandonar la política de complicidad.
Cueste lo que cueste.
Y si hay que exhibir a las policías municipales o incluso a los alcaldes, pues ni modo.
Ya dio inicio la guerra del huachicol.
La batalla que no quiso dar Moreno Valle, pero Gali sí.