El dictamen técnico de la Auditoría Superior del Estado y avalado por la Comisión Inspectora del Congreso local tiene el grueso de Terra Nostra de Carlos Fuentes. En otras palabras, es un ladrillote.

 

Las pruebas de la desaparición mágica de 90 millones de pesos en la Tesorería municipal en 2013 son contundentes de acuerdo al dictamen cuya copia está en poder de CAMBIO, que refiere 52 observaciones a la cuenta pública correspondiente a 2013 y cuyo monto total asciende a 411 millones 698 mil 339 pesos.

 

Tan contundente como que el primer tesorero de esa administración, Arturo Botello, se ostentaba como contador público, pero no lo era, y cuando fue descubierto por CAMBIO, renunció con urgencia aunque ya había firmado los estados financieros de la cuenta pública.

 

Tan contundente como que el secretario de Administración, Iñigo Ocejo, prácticamente está en calidad de desaparecido y, con todas las ganancias que obtuvo, mejor se fue a vivir a San Diego tras abrir una financiera cuya capacidad de préstamos es de 20 millones de pesos. Nada mal.

 

Un secretario de Administración, además, que entró al gobierno sin estudios profesionales, solamente avalado por ‘papi’ Jorge Ocejo, quien incluso tuvo que comprar una escuelita para que su ‘niño’ Iñigo pudiera titularse.

 

Las deficiencias administrativas en la cuenta pública del 2013 tan solo en el rubro de obra pública y que en su mayoría fueron solventadas parcialmente por Eduardo Rivera, ascienden a los 208 millones de pesos, y destaca que la relaminación con concreto hidráulico de la Calzada Zavaleta, el camino a Tlaltenango y el programa de bacheo –del programa ‘Caza baches’– del ex edil presentan pliegos de observaciones por más de 90 millones de pesos.

 

En total, son 411 millones de pesos en irregularidades las que derivan en el dictamen.

 

Con semejante loza a cuestas, el ex alcalde poblano, envalentonado por su cercanía con Margarita Zavala y por las funciones estratégicas que hace para Josefina Vázquez Mota en el Estado de México pese a que le retiraron la coordinación de campaña, decidió fugarse hacia adelante.

 

Es decir, en vez de aprovechar el tiempo para continuar con la comprobación de sus faltantes y subsanar irregularidades, decidió ampararse para acelerar los tiempos de la Auditoría Superior del Estado y la Comisión Inspectora.

 

No hay forma de que ese aceleramiento de tiempos le convenga, por lo que para muchos es incomprensible ese recurso jurídico. El fallo del amparo llevará a la conclusión inminente del procedimiento, quizá para la próxima semana,

 

Sin más tiempo para comprobar las irregularidades señaladas por la ASE, desvirtuarlas y probar que hizo un correcto ejercicio de los recursos públicos, inevitablemente Eduardo Rivera Pérez será inhabilitado por un periodo cercano a los 10 años y recibirá una multa millonaria.

 

Los efectos políticos de esa inhabilitación serán devastadores para Rivera Pérez, pero también para el PAN poblano.

 

De entrada, mientras pelea jurídicamente en tribunales federales, el ex edil no podrá ser postulado a ningún cargo en 2018, cerrando la posibilidad a cualquier negociación que pudiera convenirle.

 

No podrá ser postulado a gobernador o negociar la candidatura para ser otra vez presidente municipal. Ni regidor ni diputado local tampoco.

 

Podrá victimizarse ante la opinión pública, recibir más tuits de respaldo e incluso nuevos desplegados firmados por rectores de universidades y organismos empresariales.

 

El locutor Javier López Díaz, el promotor de fraudes más grande Puebla, podrá seguir opinando que es el político más honesto que conoce y el único por el que mete las manos al fuego.

 

Pero con la inhabilitación encima, no habrá forma en que Eduardo Rivera pueda competir a algo en el 2018: su futuro político inmediato está absolutamente cancelado.

 

 

¿Alguien entiende porqué Lalo se amparó y pidió acelerar los tiempos?