Al alcalde José Juan Espinosa le acomoda como saco a la medida la vieja cita atribuida al Rey Pirro luego de los triunfos ante los romanos que destrozaron su propio ejército: otra victoria así y estamos perdidos. El triunfo político del presidente cholulteca es incontestable, ya que debido a una pésima operación legislativa, el gobierno de Antonio Gali perdió la batalla de la presunta privatización del agua.

Por más que defendió su postura de la no intención privatizadora, lanzó una amplia campaña mediática para convencer a los poblanos de que no había tales intenciones ocultas con la reforma al artículo 12 y utilizó al vociferante Javier Lozano Alarcón como perro de presa, el Congreso poblano se vio obligado a recular, ‘re reformar’ lo que ya había reformado y protagonizar un ridículo indisimulable.

No se sabe qué fue primero, si la mala operación política o la pésima redacción legislativa que dio origen al malentendido del que se sirvió José Juan Espinosa para construir una exitosa plataforma de promoción rumbo a la gubernatura. El edil cholulteca, según narra, advirtió a Diódoro Carrasco en las postrimerías del sexenio morenovallista que iniciaría la lucha contra la presunta privatización, pero que por respeto a los últimos días en el poder de Rafael Moreno Valle lo haría hasta que comenzara el sexenio de Gali.

Y así fue. Es decir, desde SGG tuvieron varias semanas de anticipación para frenar los ánimos de algunos alcaldes inquietos con el oscuro sentido, por lo menos ambiguo, de la reforma al artículo 12 que suprimió el término ‘ayuntamientos’ con el concepto ‘Estado’. De acuerdo con la administración galicista, ‘estado’ en la denominación clásica de sociedad, estado y gobierno, mientras que para José Juan y los ediles temerosos de la privatización, ‘estado’ en el sentido de gobierno estatal, con lo que las facultades conferidas en la materia por el artículo 115 constitucional quedarían borradas.

La reforma, es cierto, en estricto sentido fue enigmática desde el punto de vista jurídico y dio paso a la media mentira de la privatización. Pero en realidad, el caldo de cultivo de conflicto fue la escasa credibilidad de los operadores morenovallistas que una y otra vez han engañado a alcaldes, líderes regionales y regidores, y en innumerables ocasiones han dicho que no iban a hacer tal cosa para al final hacer todo lo contrario.

Políticamente, el morenovallismo no es fiable y sus voceros carecen de autoridad. Aunque los periodistas de la caverna festejaron el episodio deleznable de “ay mi mano”, cuando Javier Lozano Alarcón aplastó la mano del edil cholulteca al momento de ofrecerle una boleta de pago de Aguas de Puebla a las afueras de Televisa, en realidad ese día perdieron la batalla mediática.

Lozano Alarcón se vio sorprendido por José Juan y fue exhibido en moditos autoritarios. A partir de ese momento, todo el cabildeo del jefe de oficina fue inútil, ya que hasta 14 controversias constitucionales se presentaron en la Suprema Corte de Justicia por el mismo número de alcaldes. Pero delegados de la SGG reportaron a sus jefes que la efervescencia en los municipios era real, no la calmaba Lozano, ni Diódoro, ni la campaña de comunicación.

El gobernador Gali tomó la decisión de cortar por lo sano. Los operados políticos fueron exhibidos en su incapacidad, y los legislativos, obligados a dar una vergonzosa marcha atrás que se ejecutó el sábado pasado casi en clandestinidad. El artículo 12 fue re reformado con el voto de 25 diputados que no ocultaron su molestia por el papelazo.

Duele escribirlo, pero José Juan ganó la batalla a los operadores políticos y legislativos del gobierno. Ahora, enrachado, pretende que la privatización del agua sea la bandera de Morena rumbo al 2018, y junto con Rodrigo Abdala, echar a andar a la sociedad poblana contra Concesiones Integrales y reabrir la herida ya cerrada de la auténtica privatización.

Esta victoria política de José Juan Espinosa, sin embargo, puede convertirse en una derrota de largo plazo. La investigación sobre su cuenta pública 2015 sigue viento en popa, y según como él mismo lo dio a conocer, el pliego de observaciones de la ASE es superior a los 600 millones de pesos. Si el procedimiento sigue adelante, podría recibir como sanción la inhabilitación y quedar fuera de juego de 2018.

Lo único cierto es que, rumbo al futuro, la aprobación de las restantes cuentas públicas va a ser una tortura a largo plazo. Si lo inhabilitan, su victoria de hoy va a ser pírrica. Otra de esas, y está perdido.