El vocero del Gobierno del Estado, Javier Lozano Alarcón sostuvo una reunión con la alcaldesa de Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli para explicarle los alcances de la reforma constitucional al artículo 12, la cual, afirmó no busca la privatización del agua, además, anunció que la alcaldesa acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “aclarar” que quien presentó el recurso fue el síndico y no ella.

Como se recordará hace unos días, el Ayuntamiento de Coronango interpuso una controversia constitucional para revertir la reforma aprobada por el Congreso del Estado; sin embargo, el vocero del Gobierno del Estado afirmó que ella no firmó la controversia, sino su síndico municipal, Víctor Arce.

Sin embargo, a pesar de estar titulada como abogada, notaria y actuaria, la alcaldesa Hermelinda Macoto Chapuli exhibió su ignorancia, al pretender deslindarse de la controversia constitucional interpuesta por su síndico, pues la Ley Orgánica Municipal y el artículo 105 de la Ley de Amparo Reglamentaria facultan al funcionario a realizar estos procedimientos judiciales, sin importar la aprobación de la alcaldesa.

Lo anterior sucede a ocho días que habitantes obligaran al funcionario a firmar el proyecto, elaborado por un grupo de abogados, con el fin de impugnar la reforma al artículo 12 fracción sexta constitucional.

Sin embargo, para los abogados encargados de elaborar la controversia constitucional, la alcaldesa no puede deslindarse del recurso, pues a pesar de su posición como presidenta, carece de personalidad jurídica para desistir ante la SCJN, ya que ella es una regidora más en el cabildo.