Tras haberle sido negado el amparo a Leticia Rodríguez Lara, alias ‘Doña Lety’ para no ser transferida a una prisión de máxima seguridad, fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16 ubicado en Morelos, después de ser vinculada a proceso por el Juez de Control de delitos Penales Federales en Puebla.
‘La 40’, como también se le conoce a Rodríguez Lara, fue detenida el pasado ocho de agosto en la carretera Puebla- Córdoba en un operativo conjunto de la Policía Federal y la Marina, y la cual se presume que es la líder del narcotráfico en el estado de Quintana Roo, sobre todo en la zona de Playa del Carmen y Cancún.
‘Doña Lety’, al momento de ser capturada, estaba en compañía de un sujeto de nombre Ángel Fernando Tapia Chávez, quien se presume era ex agente ministerial y pareja sentimental de Leticia Rodríguez, ambos fueron vinculados a proceso por los delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de transporte y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Doña Lety se sentía cómoda en Puebla
Después de ser aprehendida, los abogados de Leticia Rodríguez Lara solicitaron un amparo para impedir una “orden de traslado penitenciario del Centro de Readaptación Social de San Miguel a un Cefereso o a cualquier centro penitenciario, tortura e incomunicación”.
Dicho amparo le fue negado por el Juez de Control Federal de Puebla, por lo cual ordenó su inmediato traslado a la prisión federal femenil ubicada en Coatlán, Morelos.
Sin embargo antes de ser trasladada a su ‘nuevo hogar’, ‘La 40’ fue vinculada a proceso, dictándole como medidas cautelares la prisión preventiva, ya que con base en los elementos de prueba, el juzgador calificó de legal la detención, otorgando cuatro meses para la investigación complementaria, mismos que tendrá que cumplir en el Cefereso de Morelos.
Por su parte su pareja íntima, Tapia Chávez fue trasladado al Cefereso número 5 en Villa Aldama, Veracruz, mismo donde se encuentra recluido Pablo Morales Ugalde, ex Alcalde de Palmar de Bravo, por el delito de desvío de recursos y lavado de dinero, al no haber comprobado 56 millones de pesos.