Alrededor de 630 maestros han pedido cambio de plaza en Puebla por extorsión o amenazas en Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco.

En lo que va de este año, de acuerdo a recuentos periodísticos locales –porque no existen estadísticas oficiales- se estima que han sido ejecutados al menos 52 maestros en todo el país.

La mayoría de las ejecuciones se han perpetrado en los estados que registran mayor presencia del crimen organizado, como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas, en donde la cifra de un solo año supera por mucho a la de los periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y médicos.

Pero no únicamente es el homicidio lo que amedrenta al magisterio. Ese sector laboral también se ha visto afectado por el alza en los índices de secuestro.

En Guerrero, decenas de profesores no han podido reanudar sus clases en Chilapa, en la zona de La Montaña.

De acuerdo a fuentes extraoficiales de la Procuraduría General de la República (PGR), en Chilapa a los maestros se les exige, cada vez que reciben su nómina, pagos (por respetar sus vidas y las de sus familias) que van desde los 300 hasta los 500 pesos quincenales.

El caso más reciente de ejecución es el de la maestra Patricia Mora Herrera, de 34 años, quien impartía clases en el bachillerato de Huehuetla. Fue secuestrada y su cuerpo apareció apenas el pasado fin de semana con huellas de tortura cerca de la comunidad de Totoltepec, de donde era originaria.

Mora Herrera, de acuerdo a las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del estado de Puebla, ya había sido objeto de amenazas e intentos de soborno por parte de una célula criminal que se le asocia con el llamado Cártel del Totonacapan.

El hostigamiento a los maestros en Puebla queda evidenciado en las solicitudes de cambio de adscripción de los profesores que trabajan en zonas de alta incidencia criminal, como la del llamado Triángulo Rojo, en donde operan grupos dedicados a la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex.

Fuente: Reporte Índigo