La renegociación del TLCAN y la inflación aún no controlada, entre otros indicadores, podrían determinar un escenario de desaceleración económica durante 2018 en México, un país con más de la mitad de sus habitantes en situación de pobreza y pobreza extrema, cuyo crecimiento estimado para este año es de tan sólo 2 por ciento.
La “crisis” prolongada que ha vivido México ha trazado una frontera interna -norte y sur- con grandes diferencias. Si bien las transferencias y subsidios en términos de una política salarial –México sólo es competitivo por lo bajo de sus salarios-, dependen de la continua polarización y pauperización de ciertos sectores en el sur del país, la inseguridad y precariedad en el empleo no se reducen a un sector, rama o región: son la constante del actual modelo de desarrollo, afirma Ricardo F. Macip Ríos, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la BUAP.
Por su parte, el doctor en Economía por la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá, Salvador Pérez Mendoza, señala que la economía mexicana se encuentra en una situación de riesgo sistemático por su interrelación económica con Estados Unidos (comercio, migración, moneda) y la renegociación del TLCAN es aún clave en las relaciones que se establecerán.
Por ello, indica, “la reducción de tasas de impuestos aplicadas por la administración Trump, tanto a empresas como a individuos, generará una potencial reducción de inversiones hacia México, esa es la intención de la política impositiva aplicada en Estados Unidos a partir de este 2018”.
Además de esta coyuntura externa, la economía mexicana tiene sus propios factores de riesgo: la inflación aún no controlada y los precios de los commodities, incluidos los energéticos. A pesar de haberse liberado, los precios de los energéticos continúan siendo básicos para la producción, además del consumo en los hogares. Al cierre del año se prevé una tasa de inflación de 3.94 por ciento.
Estos indicadores –entre otros- podrían generar una desaceleración más severa o incluso una recesión económica en el país, que no se daría inmediatamente, dado el año de elecciones federales, según diversas consultorías, lo cual agudizaría las precarias condiciones de la población asalariada.
En la opinión del director de la Facultad de Economía de la BUAP, Pérez Mendoza, “la solución es una mayor productividad de la empresas en los diversos sectores, complementar cadenas productivas y de valor, con empleo de alta calidad. Los sectores de mayor productividad (telecomunicaciones, automotriz, tecnología) deben crecer, favoreciendo el empleo calificado”. Sin embargo, advierte: “Por el momento es poco probable que estos sectores se fortalezcan dada la situación de inversión y negociación del TLCAN”.
En los últimos años, la Inversión Extranjera Directa ha sido un motor de crecimiento, a causa de las reformas estructurales, especialmente en telecomunicaciones, sector financiero y automotriz, fortaleciendo sectores de proveedores en regiones del norte y centro del país. Esto ha favorecido el aumento de empleo y una relativa capacidad adquisitiva positiva en esa zona, agrega.
“El problema continúan siendo los bienes energéticos, especialmente controlados, hasta el mes de noviembre del 2017. La cadena de valor que normalmente es invocada por los productores finales ha sido el pretexto de aumento de precios de canasta básica”. Por ello, sostiene: “2018 será un año de transición”.
Resultados de una “crisis” prolongada
De acuerdo con Ricardo F. Macip, doctor en Antropología Social, por la New School for Social Research en Nueva York, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005, el primer elemento que destaca de las reformas estructurales sobre la “crisis” es la expresión territorial. “La frontera norte adoptó una forma de integración con Estados Unidos, de la cual derivó el crecimiento de ciudades como Tijuana y Juárez, con poblaciones y extensión inéditas para la región. No obstante, se mantiene el modelo maquilador con mejoras subsectoriales”.
Por otra parte, tomando como centro el corredor Querétaro-Guanajuato-Aguascalientes, se integra un sistema de ciudades y programas educativos (ingenierías y profesiones contables-administrativas), del este al oeste, donde hay un aumento de la productividad y se aprecian mejoras en la calidad de vida e ingresos de la población. Además, la emergencia de ‘clases medias’ contra lo que ocurre en el norte y sur del país, donde grupos susceptibles de ser etiquetados así decrecieron.
Al sur de esta frontera interna, partiendo de la Ciudad de México, la situación es otra: “Hay una estructura social marcada por una severa y prolongada serie de crisis productivas, precarización y pauperización de grandes poblaciones. A la desindustrialización, firme e irreversible, de lo que ahora llaman ‘megalópolis’ (incluyendo el cinturón Toluca, Pachuca, Puebla y Cuernavaca y, sobre todo, las áreas periurbanas a la Ciudad de México), se suma la conversión del campo hacia la agro-exportación a mediana escala de nuevos cultivos, en detrimento de los que formaron cadenas de valor en agroindustrias como la caña y el café, y la quiebra de la industria petrolera, como cambios básicos”, afirma Macip Ríos.
El también autor de artículos en revistas especializadas y del libro Semos un país de peones. Café, crisis y el estado neoliberal en el centro de Veracruz (2005) agrega que la migración hacia las ciudades del sur, sureste y centros turísticos es principalmente en el sector servicios, caracterizado por la informalidad y bajo valor agregado. Se trata de estrategias de autoempleo y subsistencia por encima de las cuales hay procesos de subindustrialización, segmentación y fragmentación de la producción, así como la defensa de modelos de economía política de desarrollo rural.
“Indudablemente es la parte del país con mayor rezago educativo, problemas de salud pública y carencias materiales de toda índole. Eso al tiempo que se cuenta con las instituciones de investigación más avanzadas en salud, educación y gobierno”.
En su opinión, “la renegociación del TLCAN no es relevante. Es la defensa del mismo por los partidos, sectores y liderazgos en México, como consenso forzado en un Estado dedicado a moderar el proceso de acumulación de capital, a favor de empresas y corporaciones contra la población asalariada”.
Debido a que una crisis es temporal y supone un cambio a otra situación o condición, para Ricardo F. Macip no es posible hablar de “crisis” en México: “La crisis terminó con el proyecto de ‘desarrollo estabilizador’ del ‘nacionalismo revolucionario’, dando paso a una modernidad neoliberal y globalizante”.
En ella, subraya, “costos y beneficios se han repartido desproporcionadamente. No es ni creíble ni probable que partido o coalición electo cambie el rumbo actual. La defensa del TLC por todos es el rasgo sintomático más revelador. Los costos y efectos sobre la población asalariada, informal y desempleada son aceptables para los liderazgos del país y no existen clases que bajo el eufemismo de ‘medias’ puedan imponer horizonte de moderación alguna al Estado y mercado, unidos en la reproducción ampliada de capitales”.