La empresa Telefónica sufrió cinco ataques sincronizados contra sus empleados la semana pasada en Guatemala.

Conforme al medio español El País, en un ataque coordinado en tres zonas distintas de la capital guatemalteca, tres hombres y una mujer, todos ellos vendedores ambulantes de Movistar, resultaron muertos y otras dos personas heridas el pasado viernes.

El suceso tiene detrás un detonante: la proximidad de las fiestas navideñas, que hace que las pandillas incrementen sus extorsiones a las empresas reclamando lo que llaman “aguinaldo”.

La compañía dijo al medio local Prensa Libre que ha enfrentado a la delincuencia en otros de los 121 países en donde tiene presencia, pero lo sucedido en este país latinoamericano rebasa lo preocupante.

El director de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de Telefónica para Centroamérica, Mario Torres, habló con el diario guatemalteco.

Nosotros en Telefónica nunca hemos dado ningún tipo de pago, ni extorsión, ni a otro tipo de personas. De hecho, cuando presentamos licitaciones, somos transparentes y seguimos todas nuestras políticas internas, y cualquier negociación la repudiamos y prohibimos, y nos retiramos de cualquier licitación o negociación donde no se tengan todas las garantías de transparencia”, explicó.

Añadió que la empresa se hará responsable de las familias afectadas.

Como Movistar, vamos a responder ayudando a las familias damnificadas y ayudando a los que ya están en la calle ganando el sustento de su familia y tratando de salir adelante como jefes de familia. Son trabajadores que portan nuestra marca, y con esa responsabilidad lo tomamos”.

Asimismo, calificó esta situación como un “acto terrorista” que debe ser tomado en cuenta.

En los medios internacionales fue una noticia muy sonada. Nunca en Telefónica hemos tenido un evento como este: un ataque terrorista coordinado en cinco ataques el mismo día”, expresó.

Además, señalo que la situación es tan grave que el presidente mundial de la compañía, José María Álvarez-Pallete, visitó el país el sábado pasado para dirigir los planes de contingencia.

Presidió el comité que trataba la ayuda a los heridos y a sus familias, y luego cómo salir adelante como empresa”, dijo Torres.

Luego de los ataques, la empresa decidió cerrar operaciones el fin de semana y fue el lunes cuando reanudaron las labores de atención al cliente.

La compañía incrementó la seguridad privada, además del apoyo de la Policía Nacional Civil, a una amenaza que sigue vigente: 100 mil quetzales de pago inicial, cerca de 262 mil pesos, y una extorsión de 2 mil, 5 mil 200 pesos, a la semana por cada uno de los 20 vehículos que operan en áreas rojas de la capital, a cambio de que cesen los ataques.

Lo que pido a las autoridades es que sigan apoyándonos como ahora, y una vez den con los responsables se aplique todo el peso de la ley y se llegue a las últimas consecuencias”, solicitó el director de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales.

Qué más quisiéramos que los empleados vayan sin seguridad, que los que venden recargas vayan sin seguridad, que los técnicos hagan su trabajo sin un policía al lado y no tengamos que poner policías privados en nuestras torres para que no las vandalicen o nos roben las baterías o los cables”.