Las empresas que brindan el servicio de seguridad privada en el estado de Puebla estarán obligadas a someter a sus elementos a exámenes de control y confianza para brindar mayor certeza de no estar involucrados en actos ilícitos, de lo contrario no podrán continuar operando.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo, Mario Rincón González indicó que las 150 empresas de seguridad privada registradas en el estado de Puebla que brindan este servicio deberán aplicar estas pruebas, que por elemento tienen un costo cuatro mil 435 pesos en el Centro de Control y Confianza de la Academia Ignacio Zaragoza.

“Estamos exigiéndo a las corporaciones de seguridad privada que los elementos que se dediquen a ofrecer este servicio cuenten con el examen de control de confianza. Es un sentir ciudadano, que sepamos que quien porte un uniforme parecido al de las corporaciones policiacas o patrullas, no sabemos si esa gente tiene las pruebas de control”, precisó Mario Rincón.

Esta iniciativa presentada por el entonces gobernador del estado, Rafael Moreno Valle fue enviada al Congreso local en octubre del 2015 y aprobada por unanimidad este jueves en el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del 2017.

El documento entregado por el Ejecutivo del Estado y que modifica diversos artículos de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Puebla, señala que en caso que las empresas de seguridad privada incumplan con este ordenamiento, no podrán continuar operando.

“Es causa de revocación de la autorización que el prestador de servicios preste servicios de seguridad privada con personal operativo o técnico que no cuente con los certificados de evaluación de control de confianza”, precisa el Artículo 39 Bis de dicha ley.

PRI y PT presentan iniciativa para reconocer la violencia política de género

Además, durante la primer sesión del segundo periodo ordinario de sesiones, las coordinadoras de las bancadas del PRI y del PT, Silvia Tanús Osorio y Lizeth Sánchez García, respectivamente presentaron una iniciativa con la que se reconoce la violencia política de género tanto en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado y en la Ley para el Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Lizeth Sánchez del PT, señaló que con estas iniciativas con las que se reconoce la violencia política de género servirán para comenzar a generar condiciones legales y medios de defensa para combatir este tipo de conductas.

“La violencia política en razón de género es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género”, señala el Artículo 21 bis, de la Ley Para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.