Durante los últimos seis años Puebla ha recibido más de 592 millones de pesos para infraestructura, capacitación y equipamiento en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, cantidad con la que se ubicó en el octavo lugar a nivel nacional en recibir un mayor presupuesto por parte de la federación, de acuerdo con un informe publicado por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).
En su reporte “Hallazgos 2016: seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México”, realiza una comparativa entre los 32 estados sobre el avance en la consolidación del nuevo sistema.
En esta medición, aunque en la entidad hay bajos niveles de control de la legalidad, es decir, que las detenciones que efectúan los policías en su mayoría son declaradas inválidas por los jueces de control, se ubica en el séptimo lugar a nivel nacional en mejor consolidación con un puntaje de 328 entre mil.
Para mejorar y agilizar una mejor implementación, en el documento se explica que las 10 acciones que impulsará en 2017 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) para la consolidación son: informe policial homologado; justicia alternativa; policía procesal; implementar el Modelo Homologado de Unidades Estatales de Supervisión a medidas cautelares y suspensión condicional del proceso.
También destaca justicia para adolescentes, un modelo nacional de ejecución de sanciones penales, asesores jurídicos de víctimas; profesionalización y actualización de operadores; sistema de indicadores, y gestión y organización institucional.
Puebla en el top ten con más recursos
Entre 2010 y 2016 Puebla ha sido el octavo estado en recibir recursos por parte del gobierno federal para la implementación de este sistema con más de 592 millones de pesos para infraestructura, capacitación y equipamiento.
La entidad que más dinero recibió en ese periodo fue Baja California con mil 129 millones 699 mil 664.02 pesos; seguido de Estado de México con mil 90 millones 133 mil 177.29 pesos; Oaxaca en el tercer lugar con 823 millones 443 mil 380.65 pesos, por mencionar algunos.
En capacitación (asesorar a agentes del ministerio público, policía ministerial, asesor de víctimas, defensor público, policía preventiva y jueces) Puebla se ubicó en el quinto lugar como el más beneficiado con un total de 15 millones 965 mil 663.27 pesos, del 2010 al 2016. Siendo el primer año el que más recursos recibió con un total de tres millones 59 mil 80 pesos.Lo anteceden en este rubro, Nuevo León (19 millones 307 mil 529.50 pesos), Coahuila (22 millones 358 mil 300 pesos), Jalisco (23 millones 716 mil 929.56 pesos) y la lista la encabeza Sonora (65 millones 230 mil 201 pesos).
Puebla la segunda peor entidad en control de legalidad
Pese a que Puebla se sitúa en el top ten de entidades con mejor resultado de la implementación del SJP, en dicho informe puntualizó que se observan niveles bajos de control de la legalidad, es decir, los datos de los tribunales ponen de manifiesto la presencia de prácticas poco efectivas que están impidiendo que se continúe con el proceso.
Prácticamente todas las entidades superaron el 70 por ciento de control de legalidad de las causas, a excepción de Puebla con un 27.8 por ciento, Michoacán un 13.3 por ciento, Guerrero 26.3 por ciento y Chiapas un 60 por ciento. También señaló que en lo que respecta a las causas vinculadas a proceso, Puebla obtuvo el peor resultado del país con un 18.3 por ciento.
Los resultados derivados de las sentencias dictadas en Puebla el 2016 arrojan que fueron un 29 por ciento absolutorias y un 71 por ciento condenatorias. Categorizándolas como ‘eficientes’ pues las audiencias iniciales duran menos de 45 minutos, mientras que en Tlaxcala, tienen un promedio de más de siete horas.
Sin embargo, el gobernador Antonio Gali Fayad en diversas ocasiones ha solicitado la modificación de este sistema, argumentando que los delincuentes recuperan rápidamente su libertad.
