El gobernador Antonio Gali Fayad solicitó al Congreso del Estado ampliar de tres a siete los magistrados que integren el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Apenas el martes de la semana pasada en el Congreso del Estado los diputados aprobaron por mayoría la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en la que se establecía que fueran tres los magistrados que integrarán dicho órgano colegiado.

Sin embargo este miércoles el Ejecutivo del Estado remitió al Poder Legislativo una iniciativa de reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado en su párrafo tercero de la fracción décima de este documento.

“El Tribunal se integrará hasta por siete Magistrados que durarán en su cargo quince años improrrogables y deberán reunir los requisitos que se señalen en la Ley”, señala la solicitud de reforma constitucional propuesta por el mandatario poblano.

Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa permanecerán 15 años en el cargo y son propuestos por el gobernador para que sean ratificados por los diputados en el Congreso del Estado, por lo que de aprobarse esta iniciativa de reforma Antonio Gali Fayad deberá de enviar a sus siete propuestas para dicha instancia.

El Tribunal de Justicia Administrativa se encargará de dirimir las controversias que se susciten entre particulares y la administración pública estatal o municipal.

Por lo anterior, dicho tribunal estará facultado para imponer sanciones tanto a los servidores públicos estatales y municipales que incurran en cualquier tipo de responsabilidad administrativa grave, como a todos aquellos particulares que violen la ley al incurrir en cualquier acto de corrupción.

Derogan artículos

Además Antonio Gali Fayad solicitó derogar diversos artículos de la  Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, mismos que estarán contemplados en los nuevos ordenamientos de responsabilidades de los funcionarios de la administración pública.

Estos quedarán definidos una vez que se determine si se toma un acuerdo en la Convención Nacional de Gobernadores o se adecuan las leyes locales a la Ley General de     Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.