Los contratos que la ‘financiera’ Seven Services hace firmar a sus clientes confirman su actuar fraudulento, pues establecen todo un blindaje legal hacia la empresa a fin de evitar y entorpecer cualquier tipo de reclamo o acción legal en su contra por parte de sus asiduos.

De acuerdo con uno de los contratos en poder de CAMBIO, estos son unilaterales y ventajosos. Las penalizaciones que incluye aplican sólo al usuario. Establecen una cláusula de confidencialidad que de ser violada deriva en acciones legales contra el cliente. Señala que no hay reembolso de los ‘honorarios’ que cobran y obligan a que en caso de cualquier controversia los contratantes se someterán a los Tribunales del Estado de México, por lo que prácticamente convierten en un viacrucis cualquier intento de reclamación o reembolso.

El documento que se analizó también confirma que Seven Services se vio obligada a cambiar su razón social tras ser denunciada a finales del 2016 y principios del 2017, pues ‘Constructora y Mediadora del Norte SC’ —de acuerdo con los escuetos datos que se incluyen en el contrato—fue creada a principios del 2017 en la Notaría Pública No. 221 del Estado de México, con registro federal de contribuyentes CES1603298B7, domiciliada en Calzada Zavaleta 1108 interior 1201, Colonia Santa Cruz Buena Vista, en Puebla.

En contraparte, el cliente otorga todos los derechos para compartir cualquier información y documentación a terceros, de acuerdo con la cláusula de Privacidad.

Fue en febrero de este año cuando un grupo de 15 personas se manifestaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para revelar el fraude al que estaban siendo expuestos los poblanos, y por supuesto también solicitaron el apoyo de esta institución para que la empresa les devolviera su dinero.

La realidad es que transcurrido este tiempo, Seven Services continúa operando más fuerte que nunca bajo el cobijo de las radiodifusoras Acir y Cinco Radio, que siguen publicitando sus spots engañosos a la vez que se deslindan del contenido, pues señalan que ‘es pagado y no es responsabilidad suya’, pues son conscientes de que es una empresa defraudadora.

Nadie se responsabiliza en los contratos

En dicho contrato destaca la falta de datos de la empresa o más bien de la persona detrás de esta trama, pues sólo consta que se trata de una persona moral. Además aparece únicamente el nombre de la ‘Constructora y Mediadora del Norte’, en ningún lado se encuentra el nombre del representante legal, asimismo la firma de la anterior tapadera ‘Constructora especializada en Servicios de Transporte y Representación Patrimonial’, es prácticamente la misma, pues los trazos son de igual firmeza e intensidad.

El prestador de servicios profesional, declara ‘ser una persona moral’, lo cual lo acredita con la escritura número 56504, sin proporcionar ningún otro dato más.

Infunde temor con cláusula de confidencialidad a sus clientes

En la cláusula 2.2 denominada, ‘Revelación de Información’, Seven Services infunde temor a los clientes para evitar que se dé a conocer su modus operandi, pues señala que “El cliente se obliga a mantener toda la información derivada del objeto del presente contrato en estricta confidencialidad quedando prohibida la divulgación por cualquier medio a terceros de la información, en caso de no cumplir esta cláusula el cliente, se tramitará por la vía penal la difamación y la divulgación que ocasionare el cliente a la prestadora de servicio profesional”.

Esta casa editorial consultó al especialista Iván Bautista, director general del despacho Soluciones Jurídicas Integrales de Puebla SC, si los denunciantes peligraban al denunciar esta situación ante la vigencia del contrato a lo que señaló que no procedería, pues su testimonio no se trata de difamación ni de perjuicio inventado.

Contrato unilateral y ventajoso para Seven Services

Todas las penalizaciones que se establecen en el contrato son en perjuicio del cliente, como por ejemplo la cláusula 5.1 que habla sobre la cancelación del contrato, en la que se señala que el usuario tendrá que hacer un pago por una “pena convencional del 5% (cinco por ciento) calculada sobre el monto del crédito que solicitó el cliente, más el 16% correspondiente de IVA, así como las cantidades erogadas por otros conceptos”, reza parte del contrato de Seven Services.

De igual forma, por incumplimiento de contrato de parte del cliente la cláusula 5.3 dice aplicar una pena del 10 por ciento calculado sobre el monto solicitado.

No devolución de honorarios

Tal y como publicó CAMBIO en su edición del lunes a través del testimonio de Gelo, el cual no logró conseguir el préstamo prometido por Seven Services, tuvo que pagar a través de una tarjeta de crédito un total de 41 mil 760 pesos en concepto de honorarios.

Tras acudir hasta en cinco ocasiones a las oficinas de dicha empresa ubicada en la Plaza Centro Mayor, interior 1201 en Calzada Zavaleta, volvieron a prometerle que se le devolvería el depósito realizado en un plazo de 15 días, mismo que finalizó y continúa esperando su dinero.

En el contrato se establece la cláusula 6.2 Devoluciones que ‘no habrá devolución de Honorarios bajo ninguna circunstancia’, aunque el crédito sea menor del solicitado, en contraparte si el cliente decide que el préstamo sea mayor, debe de pagar la diferencia.

De igual forma, el contrato señala que el cliente está obligado a pagar todos los derechos, gastos, honorarios e impuestos que se origen con la firma del mismo.

Viacrucis jurídico & competencias

Pese a que Seven Services opera en Puebla capital donde se ubican sus dos oficinas, la última cláusula del contrato denominada ‘Competencia’ señala perfectamente que alguna controversia por parte de cualquiera de las partes deberá someterse a los Tribunales del Estado de México, es decir el tema civil, lo que se desprenda del contrato sólo tendrá batalla legal en dicho estado.

“La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento del presente contrato. Sin prejuicio de lo anterior, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Estado de México”, señala el contrato.