Por mayoría de votos los legisladores poblanos ratificaron las propuestas del gobernador Antonio Gali Fayad para magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), entre los que se encuentran una priista Lourdes Dib y Álvarez, dos morenovallistas, David Paz Moreno y Alfonso Siriako Guillén Almaguer quien enfrenta una queja administrativa por el pago irregular de 107 millones de pesos.

Dib y Álvarez fungió como regidora priista durante la administración de Blanca Alcalá, fue ratificada con el respaldo de los 26 diputados presentes durante la votación.

Por su parte el morenovallista David Paz laboró en el Sistema DIF Estatal en la gestión de Martha Erika Alonso Hidalgo, éste fue ratificado con 25 votos a favor y una abstención.

Mientras que el otro morenovallista ratificado fue Alfonso Siriako Guillén obtuvo 24 votos a favor y dos abstenciones; cabe destacar que el nuevo magistrado del TJA cuenta con una queja administrativa pues durante su paso como coordinador jurídico de la Secretaría de Infraestructura autorizó un pago por 107 millones de pesos a tres constructoras, causando la inconformidad y queja de una cuarta empresa que participó en la obra pero no recibió recursos.

Dib y Álvarez, Paz Moreno y Guillén Almaguer fueron ratificados como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por un periodo de 15 años y se encargarán de dirimir y sancionar las controversias entre servidores públicos y particulares.

Tendrán 180 días para definir las reglas de operación

En entrevista tras rendir protesta, David Paz dio a conocer con los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que cuentan con un plazo de 180 días para definir el reglamente interior, así como el plan de trabajo de este órgano dependiente del Sistema Estatal Anticorrupción.

Además señaló que aunque aún no cuentan con instalaciones y presupuesto tienen este plazo improrrogable para comenzar a operar.

“Queja en mi contra no mancha mi nombramiento”

Por su parte, Guillén Almaguer reconoció que existe un procedimiento administrativo vigente en su contra por la contraloría interna de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, sin embargo, evitó revelar mayores detalles sobre este proceso y aseguró que esto no representa una ‘mancha’ en su trayectoria, ni en su designación como magistrado del TJA.

“Nosotros hemos actuado conforme a derecho cuando estuvimos en función en la Coordinación General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura, es una queja administrativa, en su momento determinará el órgano de control lo conducente, no puedo decir más. No es una mancha, simplemente los ciudadanos, las empresas están en su derecho de inconformarse ante las autoridades correspondientes”, dijo Alfonso Siriako