El gobierno de Puebla junto con otras cinco entidades donde hubo daños por los sismos de septiembre pasado están obligados a transparentar los nombres de las empresas que se harán cargo de la etapa de la reconstrucción, además de poner la información al alcance de los damnificados con el fin de que sepan qué constructora estará a cargo de entregarles sus nuevas casas, avances y costos.

Lo anterior forma parte de las medidas cautelares que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) este lunes para la entidad, así como para la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Morelos en donde se registraron mayores daños durante los temblores de los días 7 y 19 de septiembre pasado.

En el caso de Puebla, el gobierno de Antonio Gali Fayad debe constituir un dispositivo de difusión pública sobre el proceso de reconstrucción que sea accesible a la población; informar el grado de avance de la misma por delegación política o municipio; transparentar el empleo de los recursos públicos y de los agentes e instituciones involucrados en la etapa de reconstrucción.

Además, se debe de establecer un mecanismo de análisis y evaluación de las empresas que participen en la etapa de reedificación y que se valore su historial en el cumplimiento de normas de construcción para evitar fraudes.

“El Estado tiene el control del recurso económico para la reconstrucción, por lo que debe exigir a las empresas que vayan a participar en las actividades de reconstrucción que observen debida diligencia en su actuación, lo que implica el debido cuidado y las sanas prácticas empresariales para evitar una afectación social”, señala el documento que emitió el organismo este lunes.

Las empresas deben estar vigiladas

El gobierno debe exigir y verificar que las constructoras utilicen materiales de calidad, además de una plantilla capacitada.

“La obligación del Estado Mexicano en la actividad empresarial, derivada de los Principios Rectores, es contar con políticas públicas adecuadas y normas de exigibilidad a las empresas, que habrán de observar las dependencias de la administración pública e instituciones, para garantizar y prevenir abusos y violaciones a derechos humanos cometidos por las empresas”, señala.

En Puebla, aparte de 46 muertos por el sismo del 19 de septiembre, resultaron dañadas 28 mil 564 viviendas entre daños totales, parciales y menores, en un total de 106 municipios.