Bajo el argumento de que el sistema del programa Monitor Vial podría ser hackeado o que se pone en riesgo la vida de los automovilistas, entre otros, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) se reservó el segundo contrato que firmó recientemente con la empresa Autotraffic para la operación de las fotomultas en Puebla.

La compañía que administra este sistema desde 2013 – propiedad de Jaime Enrique Ferrer Aldana y Alfonso Miguel Vélez – inició este año un nuevo convenio con el estado pues en diciembre del 2016 caducó el primero que se pactó y en el que se estableció que por cada infracción se le pagaría a la empresas 92.67 pesos, aunado a que fue obligada a emitir casi 35 mil fotomultas al mes.

En respuesta a una solicitud de información, la SSP negó transparentar el segundo contrato justificando que revelar su contenido pone en riesgo al sistema así como a los automovilistas.

“Resulta necesaria la reserva del contrato aludido, puesto que este Sujeto Obligado, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Vialidad del Estado de Puebla, está facultado para utilizar dispositivos tecnológicos tales como medios fotográficos, de video y demás que permitan verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de vialidad”, dice parte de la respuesta que otorgó la dependencia.

En su edición del viernes pasado, CAMBIO dio a conocer que de agosto del 2013 –cuando se puso en marcha el programa– a octubre de este año, el Gobierno del Estado ha recaudado 547.7 millones de pesos, de acuerdo con información obtenida con la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

Temen que el Monitor Vial sea hackeado

Parte de la justificación que se remitió a la solicitud número 00638117 para no dar a conocer una copia simple del convenio es que contiene información del sistema de las cámaras que, de publicarlo, se podría hackear el sistema y sufrir ataques cibernéticos, un hecho que afectaría gravemente al Estado.

“El dar a conocer los detalles de su funcionamiento y operación, los dispositivos tecnológicos podrían ser hackeados, vulnerados, intervenidos, manipulados, y susceptibles de ataques o alteraciones lo que afectaría su correcto funcionamiento, evitando la verificación del cumplimiento de las leyes, la prevención de incidentes viales y afectando el patrimonio del Gobierno del Estado, por actos vandálicos”, señaló la SSP.

Conocer el contrato también pone en riesgo a los automovilistas

De igual forma, dicha dependencia argumentó que revelar la información del contrato supone un ‘peligro real’ para los poblanos pues se vería alterado el orden y la paz en las vialidades.

“El hacer del conocimiento público esta información, la misma podría ser utilizada para evadirlos utilizando vías alternas o sólo disminuir y conducir con las velocidades permitidas en los lugares específicos donde se encuentran ubicados, y seguir conduciendo a altas velocidades pasando los espacios vigilados fuera de los límites de velocidad establecidos (…) alterando así el orden y la paz en las vialidades”.

El primer contrato resultó un negocio millonario

El primer contrato de Autotraffic fue en el año 2013 cuando se encontraba a cargo de la administración estatal, Rafael Moreno Valle, impulsor del programa Monitor Vial.

En su edición del 9 de marzo, CAMBIO exhibió una copia del acta de fallo de la licitación nacional emitida por el gobierno donde se especificó que su vigencia era hasta diciembre del 2016, fecha para la que tenía que alcanzar un millón 255 mil 824 infracciones para que resultara todo un negocio. Es decir, estuvo obligada a emitir casi 35 mil infracciones al mes durante los 36 meses que duró dicho pacto entre ambas partes.

Después de esa fecha, la administración morenovallista de forma directa renovó el convenio a Autotraffic el cual sigue operando y poniendo más cámaras a través de un nuevo modelo de negocio los ‘cruceros inteligentes’. En entrevista pasada el subsecretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT), Alberto Vivas reveló que para continuar operando debía construir hasta seis cruceros inteligentes.

Además de Puebla, Autotraffic opera en Ciudad de México, Pachuca, Aguascalientes, Veracruz y hasta hace unos meses en Jalisco, donde su gobernador restringió el contrato, pues la empresa se quedó con el 40 por ciento de los recursos recaudados por fotoinfracciones.