Los socios del fideicomiso Servicios Articulados de Puebla (SAPI) dieron un revés a Carreteras de Cuota Puebla (CCP) –adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes (SIMT)– pues después de cuatro años le ganaron un juicio para volver a operar el sistema de transporte.

Fue el 24 de octubre de este año cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil Sexto Circuito emitió un fallo final que favoreció a los ex transportistas, quienes en su momento, principalmente Juan Cervantes, le disputaron el control a Miguel Ángel Aceves –quien es el único que el gobierno ha reconocido como presidente del grupo.

En medio de la disputa por el control que existía entre los socios de SAPI y deudas que habían orillado a múltiples manifestaciones por parte de los choferes, el gobierno rescató la concesión, pero antes se aprobaron reformas a la Ley del Transporte. Desde entonces se hizo cargo CCP.

Ganan concesionarios tras varios intentos

El argumento que dio en su momento el gobierno para rescatar la concesión fue que se debía garantizar un sistema de transporte eficiente, confiable, cómodo, seguro y con mejores condiciones, así como reducir los tiempos de espera y traslado de los ciudadanos en la zona metropolitana, pues no se podía permitir que en lugar de obtener ganancias se dejaran deudas.

Desde entonces se emprendió un juicio mercantil para exigir la devolución de la administración del derrotero que va de Tlaxcalancingo a Chachapa hasta ganarla después de tres años.

Para diciembre SAPI debe regresar a operar la Línea 1

De acuerdo con la Sentencia Final del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil Sexto Circuito, Miguel Ángel Aceves deberá entregar toda la información de los últimos años, desde el título de concesión, el contrato del fideicomiso e inclusive los estados bancarios a los que se negaron transparentar en todo este tiempo, además del equipo que haya adquirido.

Lo anterior ya que actualmente el líder es Juan Cervantes, debido a que en la disputa interna de SAPI le arrebató el control del grupo.

De acuerdo con el fallo, CCP deberá acatarlo a más tardar en 15 días. Eso significa que el Corredor Insurgentes (CISA) podría perder la inversión de 20 millones de pesos que ya realizó para hacerse de acciones en la RUTA.