Uber no quedó conforme con la suspensión de cobro en efectivo en su plataforma y recurrió a un amparo para mantener este método de pago, además de impugnar otros tres puntos que marca la nueva legislación referentes a no asumir responsabilidad civil o penal en caso de alguna irregularidad con sus socios-conductores; no aplicar un examen socioeconómico a aspirantes a choferes y por considerar que quedó ambiguo el apartado en el que el gobierno quiera acceder a información de su plataforma sin una orden judicial.

El viernes, a la par que la compañía de taxis ejecutivos cedió en retirar el pago en efectivo de su aplicación –tras un ultimátum del Gobierno del Estado en que si no lo hacía podía perder el registro–, presentó un recurso legal para ‘pelear’ y quedar exento de dichos puntos de la nueva Ley del Transporte, aprobada por mayoría de votos el 31 de octubre pasado.

El director de Comunicación de la firma, Carlos Olivos justificó que la medida discrimina al 56 por ciento de los 380 mil usuarios que tienen registrados en la zona metropolitana de Puebla, quienes han utilizado este método de pago viajando desde colonias como Santa María la Rivera, Anzures, Centro, Concepción de la Cruz, San Diego de Los Sauces, Posadas, por mencionar algunos.

Entre los destinos más populares de las personas que pagan en efectivo destaca la CAPU, centros comerciales y universidades como Upaep, BUAP y Universidad del Valle de Puebla. Sin embargo, aseguró que a pesar de que la suspensión ha causado molestias entre los clientes y generado pérdidas económicas entre los socios, esperarán la resolución de un juez para retomar este mecanismo.

Mientras, la única opción para quienes no quieren dar de alta sus tarjetas bancarias o no cuentan con alguna es comprando tarjetas de regalo en tiendas de autoservicios.

Cabe citar que desde marzo de este año Uber empezó a cobrar en efectivo y aún después de la legislación que entró en vigor el 7 de noviembre pasado continuó desafiando al gobierno, por lo que fueron sancionados al menos 40 de sus choferes.

Uber tampoco quiere asumir responsabilidad legal

Otro de los puntos que impugnó Uber tiene que ver con su rechazo a asumir una responsabilidad legal y civil ante alguna anomalía por parte de sus socios-conductores al alegar que las Empresas de Redes de Transporte (ERTs) sólo prestan sus aplicaciones para operar y que el acuerdo para el uso del servicio se da entre particulares.

La regulación de este tipo de compañías en Puebla se dio luego que un conductor de Cabify fue implicado en el feminicidio de Mara Castilla en septiembre pasado. En el mismo mes, un chofer de Uber se vio envuelto en un escándalo debido a que fue implicado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en el asesinato de una estudiante de la BUAP, Mariana Fuentes, ultimada en una colonia en el sur de la ciudad al resistirse a un asalto.

El tercer punto por el que Uber se inconformó ante un juez federal es que no quiere aplicar pruebas socioeconómicas a posibles socios al considerarlas discriminatorias para aquellas personas de menores ingresos.

Carlos Olivos indicó que también consideran que es ambiguo el apartado en el que autoridades pueden acceder a información de la plataforma sin una orden judicial. Sin embargo, aunque en un inicio sí se planteó que el gobierno local pudiera tener información en tiempo real, en los cambios que se hicieron al dictamen antes de ser aprobado se eliminó esta regulación y quedó establecido que sólo se accederá cuando exista una investigación.