La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) detectó que las graves deficiencias que existen en las áreas de detención de las Fiscalías Especializadas, Unidades y Agencias del Ministerio Público de la Federación ubicadas en la entidad puede provocar situación de maltrato o tortura en personas que son retenidas por las autoridades.
A través de un comunicado, el organismo señaló que de igual forma los inmuebles carecen de instalaciones para personas que tienen alguna discapacidad física. Además de falta de planchas para dormir, espacios, alimentos e inclusive el personal femenino de custodia para mujeres no es suficiente.
“La falta de mantenimiento, de suministro de agua corriente, ventilación, iluminación e higiene, así como falta de privacidad en las comunidades telefónicas, en entrevistas con abogados y visitantes, así como insuficiente personal y equipo médico son las deficiencias más significativas encontradas en algunas áreas de detención dependientes de la Procuraduría General de la República, que constituyen situaciones de riesgo y pueden derivar en maltrato o tortura”, dice parte del comunicado de prensa que emitió la Comisión.
Esta situación fue consignada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a través del informe que realizó en el mes de junio después de llevar a cabo diversas visitas en 77 áreas de Fiscalías Especializadas, Unidades y Agencias del Ministerio Público de la Federación de la entidad y otros estados como Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala.
Por lo anterior, la CNDH pidió a las autoridades promover el diálogo y disposición para evitar que los presuntos delincuentes sean víctimas de tortura o maltrato.
SSP no registró quejas ni abusos en 2017
Con relación al tema, el secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Morales Rodríguez aseguró que en 2017 no se registró alguna queja o denuncia por maltrato o abuso por parte de las autoridades estatales.
En entrevista tras presentar el operativo ‘Cinco de enero contra saqueos’, Morales Rodríguez refirió que su personal está capacitado tanto para antes y durante el proceso, además de que se realizan dos inspecciones médicas a los presuntos delincuentes para verificar que no han sufrido ningún tipo de agresión por las autoridades durante las diferentes etapas de detención y proceso.
“No tenemos ninguna queja hasta el momento, ni de la Comisión Estatal ni Nacional de los Derechos Humanos o en Asuntos Internos, por algún uso excesivo de la fuerza”, dijo el funcionario estatal.