En el sexenio de Rafael Moreno Valle ingresaron al estado 489 millones de pesos por concepto de fotomultas, siendo el último año de la administración cuando se reportó la recaudación más baja de apenas 52 millones de pesos, como resultado del ‘reembolso’ del 25 por ciento del pago realizado por los contribuyentes y reducción de costos, iniciativas que surgieron en el marco del pasado proceso electoral.

De acuerdo con el secretario de Finanzas y Administración, Guillermo Bernal Miranda, los 52 millones de pesos recaudados en 2016 derivaron de 288 mil infracciones registradas por el programa Monitor Vial, monto que representó el 18 por ciento de los 278 millones de pesos que ingresaron en 2014, primer año en que operó formalmente este proyecto.

Al comparecer en el Congreso del Estado junto con el contralor Alejandro Torres Palmer como titulares del sector de Transparencia y Rendición de Cuentas, Bernal Miranda aseveró que el Monitor Vial surgió con el propósito de reducir los accidentes en vialidades de alta velocidad, mismo al que atribuyó una reducción en el número de percances y con ello, a las infracciones originadas por los conductores ya que se ha observado un compromiso por respetar los límites de velocidad.

“El programa no se diseñó con fines recaudatorios sino para prevenir accidentes en las vialidades que se aplica, y aunque ha venido disminuyendo y se han promovido acciones que permiten la devolución de esta contribución a los causantes cumplidos, sigue siendo útil en esta labor de prevenir accidentes y se ha observado una disminución en las multas y en consecuencia en la recaudación”, dijo.

Es preciso señalar que en agosto del 2013, cuando entró en vigor dicho programa con la ubicación de radares en 17 tramos carreteros del estado, la Secretaría de Finanzas reportó ingresos por 15.6 millones de pesos, en 2014 de 278 millones –el más elevado-, en 2015 fueron 143.7 millones y en el último año únicamente 52 millones de pesos.

Enajenación de bienes ha sido transparente

En su intervención, el contralor Torres Palmer aseveró que la dependencia ha vigilado que la enajenación de bienes inmuebles por parte del Gobierno del Estado se realice de manera transparente y avaló estas prácticas al señalar que diversos inmuebles en desuso generan más gasto que beneficios a la administración en mantenimiento y vigilancia.

En este sentido, detalló que en 2016 se vendieron 20 inmuebles que representaron un ingreso por 325 millones de pesos, recursos que se emplearon para el financiamiento de obra pública como en universidades a distancia y pavimentaciones con concreto hidráulico.

En el caso específico de la Casa del Escritor señaló que el inmueble se donó para que sirva como sede del Instituto de Transparencia (antes CAIP).

Por otra parte, al ser cuestionado sobre las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo al Gobierno del Estado en 2014 por irregularidades en la construcción del Segundo Piso de la Autopista México-Puebla señaló que la solicitud de información emitida no significa que el máximo órgano fiscalizador tenga la ‘verdad absoluta’, ya que la administración están trabajando para solventar dichos requerimientos.

Informó que en las revisiones que la Contraloría hizo para la detección de vicios ocultos en obras en proceso o terminadas se verificaron 63 obras en 2016, por un monto de 527 millones de pesos. Adicionalmente dijo que se encontraron 79 empresas en alguno de los supuestos de impedimento por atraso en entregas o incumplimiento en la calidad.