Ocho de 10 trabajadores de Volkswagen que fueron despedidos, luego de participar en actividades sindicales, deberán ser reinstalados a más tardar el 9 de agosto, según el Plan de Remediación que acordaron el gobierno de México y de Estados Unidos tras la queja bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC).
La queja fue presentada inicialmente el 07 de febrero pasado por los propios agremiados, donde acusaron que la empresa Volkswagen de México les negó derechos laborales fundamentales, incluyendo el despido injustificado de aquellos que participaron en actividades sindicales.
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Como resultado de la investigación bajo el Anexo 31-A del T-MEC, se determinó la necesidad de una remediación inmediata para asegurar el respeto a la libertad de asociación y la negociación colectiva.
Según el plan, Volkswagen se comprometió a reinstalar a ocho de los trabajadores despedidos en sus puestos anteriores, asegurando condiciones laborales, salarios retroactivos, prestaciones y compensaciones equivalentes a las que tenían antes de su despido y hasta su reinstalación efectiva.
Uno de los empleados despedidos optó por recibir una indemnización en lugar de ser reinstalado, y Volkswagen acordó pagarle la indemnización total determinada por los tribunales laborales mexicanos y los acuerdos alcanzados en mesas de diálogo.
También se implementará un programa de capacitación para su personal ejecutivo, gerencial y de recursos humanos, para asegurar que todos los empleados comprenden y respetan los lineamientos de la empresa en cuanto a derechos laborales.
En este mismo acuerdo se especifica que el gobierno de México supervisará de cerca la implementación de estas medidas, comprometiéndose a proporcionar evidencia documental de cada acción realizada dentro de una semana después de su cumplimiento.
Asimismo, se establecerán reuniones regulares entre ambos gobiernos para compartir información sobre el progreso y cualquier eventualidad relacionada con el acuerdo de remediación.
El acuerdo alcanzado no solo beneficiará a los trabajadores directamente involucrados, sino que también sentará un precedente para miles de trabajadores en instalaciones similares.
Cabe recordar que, el pasado 31 de mayo, los ex trabajadores solicitaron una investigación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, misma que procedió con la revisión del caso para determinar si procedía la petición y una semana después la dependencia federal determinó iniciar una investigación formal en contra de la planta armadora.
