El regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez acusó que los contratos por más de 342 millones de pesos entregados a la empresa “Remedios Producciones y Asociados” por la administración de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, son solo la punta del iceberg y la clara muestra de la simulación en las licitaciones dentro del actual Ayuntamiento panista.
En entrevista para, DIARIO CAMBIO, Rodríguez Juárez declaró que la empresa fue la encargada de la realización del segundo informe de labores del ex alcalde de Puebla, Rivera Pérez donde obtuvo una ganancia de dos millones de pesos.
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Tal y como lo dio a conocer esta casa editorial, Leobardo Rodríguez resaltó que Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez adjudicaron 342 millones de pesos que los vincula a un presunto daño patrimonial por más de 20 millones de pesos.
“En su momento cuando fuimos regidores de oposición lo denunciamos y en ese momento tomó relevancia”, dijo.
Durante la entrevista el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, acusó que las licitaciones realizadas por parte del Ayuntamiento de Puebla tienen un alto grado de simulación.
Lo anterior, debido a que aseguró no hay invitaciones a otros proveedores e incluso mencionó que no existen expedientes completos que demuestren que se haya hecho un proceso de adjudicación transparente.
“Parece increíble que no haya otros proveedores que ofrezcan el mismo servicio, de un día para otro se volvió la gran proveedora”, dijo
El morenista también resaltó que “Remedios Producciones y Asociados” es una comercializadora y no una empresa especializada en eventos.
“Es increíble que se le otorguen tantos contratos y que algunos de ellos también evidenciados por parte de la ASE por sobrecostos no haya ninguna documentación que avale las invitaciones a la empresa”, enfatizó.
Cabe recordar que, en su edición del 18 de septiembre, DIARIO CAMBIO dio a conocer que el Ayuntamiento de Puebla entregó un total de 17 contratos por más de 342 millones de pesos a la empresa “Remedios Producciones y Asociados”, la cual aparece dentro del presunto daño patrimonial cometido por el gobierno de Eduardo Rivera Pérez por más de 22 millones de pesos y que fue detectado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) dentro de la cuenta pública 2022.
