La próxima semana la Secretaría de Trabajo y Previsión Social definirá si traslada o no la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 33 del estado de Puebla, informó el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón.
En entrevista, el funcionario estatal señaló que continúan las mesas de diálogo con Adrián Rojas Álvarez, director general de asuntos jurídicos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social federal.
Indicó que en estas reuniones también han participado líderes sindicales, representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y abogados laboristas, quienes expusieron sus motivos para mantener la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Puebla, entre los que destacó los costos de traslado a la nueva sede.
Por ello, afirmó que no es un “capricho” del gobierno del estado, empresarios, abogados y sindicatos mantener la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Puebla, agregando a su vez que actualmente existen varios juicios en desarrollo.
Al ser cuestionado sobre los acuerdos, reveló que habrá otras dos mesas de trabajo en los próximos días, por lo que la próxima semana ya habría una definición sobre la continuidad o no de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 33.
Finalmente, Aquino Limón adelantó que en caso de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social determine trasladar la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, es posible que se habilite en Puebla una oficina auxiliar como una alternativa de solución.
“No es un tema de un capricho, entonces, estamos ahorita analizando las posibilidades, hay mucha disposición y muchas posibilidades de que se pueda concretar el hecho de que permanezca en Puebla estas oficinas, acordamos dos mesas más (…), la próxima semana a lo mejor ya nos darán a conocer una definición respecto al tema, o algunas alternativas de solución”.
Esto luego de que el pasado 17 de junio, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se establece el cierre de la Junta Especial número 33 radicada en la ciudad de Puebla; sería cerrada por el retraso en la resolución de los juicios abiertos, trasladando todos los casos pendientes al estado de Tlaxcala.
Lo anterior, ocasionó una serie de manifestaciones realizadas por un grupo de abogados que se opusieron al traslado de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, demanda que fue adoptada por la Secretaría de Gobernación.
