Hay incertidumbre entre los más de 500 mil repartidores y conductores que trabajan a través de aplicaciones como Uber, DiDi y Rappi en el país, a menos de una semana de que entre en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que obligará a estas empresas a reconocer derechos laborales a sus trabajadores.
Afirman que hasta el momento, el IMSS no ha detallado cuánto les descontará y tampoco si las deducciones irán sobre sus ganancias brutas, sin considerar sus gastos operativos como gasolina y mantenimiento. Asimismo, consideran que las empresas podrían hacer despidos masivos a fin de limitar el número de trabajadores formales que tendrían registrados.
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Será a partir del próximo 22 de junio, cuando quienes trabajen al menos 80 horas al mes o generen ingresos equivalentes al salario mínimo mensual, deberán ser registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y acceder a prestaciones como atención médica, aguinaldo, vacaciones pagadas, protección por despido, crédito para vivienda y participación en utilidades.
Además, la reforma prohíbe a las plataformas imponer horarios fijos o sancionar a los trabajadores que decidan desconectarse. No obstante, si se cumplen los criterios de actividad mínima, la empresa deberá formalizar la relación laboral mediante contrato escrito y reportar semanalmente ingresos, propinas y horas trabajadas.
Para una buena parte del más de medio millón de trabajadores conectados a estas apps, el nuevo marco legal genera más dudas que certezas. Este miércoles 18 de junio, más de 500 repartidores y conductores bloquearon Paseo de la Reforma y otras vías principales de la Ciudad de México para exigir claridad sobre el esquema de aportaciones, deducciones y efectos fiscales que se les aplicará.
“Nosotros queremos conocer las letras chiquitas de esta ley. El Seguro Social no nos ha dado todas las cuotas que nos van a cobrar. Desgraciadamente llevamos desde el 24 de diciembre pidiendo ello y no nos han explicado nada”, señaló Ulises Toledo, representante de conductores, durante la protesta.
Entre las exigencias planteadas a la Secretaría del Trabajo y al IMSS se encuentran: la tabulación de las cuotas obrero-patronales, transparencia en los cobros, y participación continua en las mesas de diálogo durante la implementación del programa piloto. Aunque siete representantes fueron recibidos por autoridades para dialogar, los inconformes advirtieron que, de no recibir respuestas, extenderán los bloqueos a otras avenidas.
Una parte de los manifestantes exige incluso no ser afiliada al IMSS, al considerar que las cuotas se aplicarían sobre ingresos brutos, sin tomar en cuenta gastos operativos como gasolina, mantenimiento del vehículo o equipo de trabajo.
“Nuestras ganancias netas son el 30 por ciento de lo que se reporta al SAT, si nos afilian al IMSS, nos quitarán más dinero”, señalaron los repartidores.
La organización Repartidores Unidos de México advirtió que la reforma genera “incertidumbre total”, al no establecer con precisión cómo se conservará la flexibilidad del modelo y cómo se evitarán impactos negativos sobre el ingreso diario de los trabajadores.
“La gente en el país está desesperada porque no se sabe si el modelo va a sobrevivir, porque no se sabe si habrá despidos masivos, porque no se sabe si cabremos todos con la nueva reforma”, expresó la agrupación en un comunicado.
Aunque la reforma no modifica el régimen fiscal actual, ya que las plataformas seguirán reteniendo IVA e ISR como lo han hecho en años anteriores, para muchos trabajadores el principal temor radica en cómo afectará su ingreso neto, su autonomía laboral y su permanencia dentro del modelo de plataformas.
La entrada en vigor del nuevo esquema será el próximo 22 de junio. Para entonces, el IMSS deberá emitir reglas operativas y las plataformas deberán iniciar con el registro de sus trabajadores, firmar contratos, transparentar el uso de algoritmos y cumplir con las nuevas disposiciones laborales.
