El pleno del Senado de la República aprobó con 76 votos a favor y 37 en contra la prohibición a la venta, producción, importación, distribución, fabricación y publicidad de vapeadores y cigarros electrónicos en México con penas de cárcel de hasta 8 años y multas de 226 mil pesos.
La propuesta fue aprobada en lo general para modificar la Ley General de Salud para crear un tipo penal que sancione a aquellas personas que fabriquen, vendan o distribuyan los vapeadores y cigarros electrónicos en México.
Cabe resaltar que esta medida no criminaliza a los consumidores, pues pretende cortar de tajo el consumo de los aparatos desde la producción y la distribución.
Los votos a favor fueron de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).
Por el contrario, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra.
Los argumentos de la oposición se centraron en que la prohibición creará un mercado negro de vapeadores que caerá en manos del crimen organizado, además de asegurar que es mejor regular que prohibir, a pesar de los daños a la salud que estos aparatos causan a la población.
La reforma fue turnada al Ejecutivo Federal para que entre en vigor.
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