Con una reforma a la Ley Estatal de Salud, el Congreso de Puebla pretende otorgar el derecho bajo la figura de ‘objeción de conciencia’ a médicos del servicio de salud de la entidad, la negativa de brindar atención a un aborto. No obstante, no será vinculante siempre y cuando la paciente esté en riesgo.
La iniciativa, impulsada por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil y respaldada por colectivas feministas como ‘Católicas a favor del aborto’ y la REDefine, busca evitar discriminación o malos tratos durante la interrupción legal del embarazo. Según la diputada, la objeción de conciencia no aplicará cuando la vida de la mujer esté en riesgo, existan secuelas potenciales, urgencia médica o no haya alternativa viable para la atención.
“Cuando la vida de la persona usuaria esté en riesgo, le produzca secuelas o discapacidades, implique urgencia médica o no exista alternativa viable o accesible para la atención, no será aplicable la ‘objeción de conciencia’”, enfatizó Salvatori Bojalil.
Además, recalcó que las instituciones de salud deberán garantizar la presencia de personal no objetor o, en su defecto, gestionar de inmediato el traslado a hospitales que puedan brindar atención de manera accesible y oportuna.
La reforma introduce en el artículo 33 Bis la obligación de que el personal objetor se abstenga de emitir juicios que discriminen o vulneren la dignidad de la persona usuaria, así como de persuadir para evitar la prestación del servicio. Asimismo, deberán canalizar de inmediato a la paciente con personal no objetor y notificar la decisión a su superior para no retrasar la atención.
Colectivas feministas destacaron la importancia de esta medida, sobre todo ante prácticas médicas que consideran traumáticas, como el legrado, procedimiento que consiste en raspar y extraer tejido del interior del útero. Recordaron que quienes adopten la objeción no podrán discriminar ni impedir el acceso al servicio.
En Puebla, van mil 579 abortos, pero el 44% son legrados
En Puebla, de enero a abril de este año se registraron mil 579 abortos legales, de los cuales el 44% se realizaron mediante legrado. El 46.1 por ciento correspondió a Aspiración Manual Endouterina (AMEU), sumando 728 casos, mientras que 38 mujeres recibieron tratamiento con medicamentos y otros 105 casos no se especificaron. Estos datos evidencian la diversidad de métodos disponibles y la necesidad de que las pacientes conozcan sus opciones, según el tiempo de gestación y su estado de salud.
Por ello, la propuesta también contempla el Capítulo 7 del apartado de salud mental, en el artículo 68, que establece que los médicos deben garantizar un aborto seguro y ofrecer, en la medida de lo posible, información clara sobre los métodos disponibles, para que las pacientes tomen decisiones informadas.
Con esta propuesta, el Congreso de Puebla pretende consolidar un marco legal que regule de manera clara la objeción de conciencia, proteja los derechos de las pacientes y asegure que la prestación del servicio de aborto legal se realice de forma ética, segura y sin discriminación. No obstante, da concesiones al conservadurismo y a la creación de prejuicios.
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