El Gobierno del Estado de Puebla arrastra pasivos litigiosos por más de 2 mil millones de pesos derivados de laudos, demandas y reclamaciones promovidas por constructoras desde 2003, reveló el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra. Se trata de expedientes que involucran obras no pagadas, trabajos adicionales no reconocidos y reclamaciones sin sustento contractual, que hoy amenazan con ejecutorias inminentes y representan un riesgo real para las finanzas públicas.
🙋🏻♂️🔴#Infórmate | El coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, informó que existen obras desde 2003 que no se ejecutaron o sin contrato por las que diversas empresas reclaman pagos, generando laudos por más de 2 mil millones de pesos. Señaló que la Consejería… pic.twitter.com/CGLMz6vGtJ
— Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 17, 2025
En conferencia, García Parra detalló que los procesos legales están siendo atendidos directamente por la Consejería Jurídica estatal, mientras que otros expedientes se litigan en tribunales federales de Puebla y Monterrey, donde algunas de estas compañías tienen su domicilio fiscal.
Entre las empresas con reclamaciones activas destacan:
- Algani Internacional, propiedad de Jesús y Álvaro Haces Alarcón
- Hylsa Infraestructura
- Hylsa Salud
- Melgarejo Construcciones
Laudos acumulados desde 2003, sin contratos y por obras nunca ejecutadas
El funcionario explicó que la mayoría de estos casos se originaron en administraciones estatales desde 2003, es decir, en los gobiernos de Melquiades Morales, Mario Marín y Rafael Moreno Valle, principalmente.
Detalló que varios expedientes corresponden a supuestas obras complementarias o adicionales que, en algunos casos, sí se ejecutaron pero nunca se pagaron; en otros, no existen físicamente, no cuentan con contrato ni evidencia de ejecución, pero aun así son exigidas ante tribunales desde 2007.
“En algunos casos se están pidiendo pagos por obras que no están acreditadas, que no existen y tampoco hay contrato. Es un problema heredado de varias administraciones que hoy nos obliga a tomar medidas para evitar que las finanzas públicas se comprometan por más de dos mil millones de pesos”, señaló García Parra.
El coordinador del gabinete adelantó que en los próximos días el gobernador Alejandro Armenta anunciará una negociación con una de estas empresas para frenar una sentencia de pago que estaba a punto de ejecutarse.
“Muy pronto el gobernador hará el anuncio; es una negociación en favor del patrimonio del Estado”, aseguró.
Los casos más sensibles:
Melgarejo Construcciones — Laudo por 640 millones de pesos
En enero de 2025, el gobernador Armenta confirmó que su administración no pagará los 640 millones de pesos establecidos por la Suprema Corte a favor de Melgarejo Construcciones, derivados de la cancelación del Libramiento Poniente en 2010 durante la gestión de Rafael Moreno Valle.
La empresa argumenta haber invertido 71.5 millones de pesos en derechos de vía y estudios preliminares, pero exige un pago nueve veces mayor como indemnización. El mandatario acusó que detrás del fallo podría haber “presuntos actos de corrupción y sobornos”.
El amparo directo en revisión 7831/2023 fue resuelto el 12 de junio de 2024 por la Segunda Sala de la SCJN, con una votación dividida de 3-2.
Algani Internacional — Reclamación de la constructora por 57 millones desde 2003
Algani Internacional, propiedad de los hermanos Jesús y Álvaro Haces Alarcón, reclama desde 2005 más de 57 millones de pesos por la rescisión del contrato para la autopista Tlaxco–Tejocotal, firmado en 2003 durante el sexenio de Melquiades Morales Flores. Tras años de litigio, la empresa obtuvo un fallo favorable que ordena al Estado pagar daños y devolver fianzas retenidas; sin embargo, pese a haber enfrentado cinco resoluciones previas en su contra, el pago nunca se efectuó y el proceso legal se mantiene vigente.
García Parra remarcó que estos pasivos son una herencia acumulada de casi dos décadas:
“Prácticamente en todas las administraciones desde 2005 a la fecha hubo acciones y omisiones que nos dejaron esta carga. Por eso hoy debemos actuar con precisión para evitar un daño mayor al erario”.
La administración estatal mantiene abiertos los procesos y prepara estrategias de defensa y negociación para evitar que los más de 2 mil millones de pesos en laudos se vuelvan obligaciones de pago inmediato.
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