El Gobierno del Estado no tiene por qué consultar a los socios de la Servicios Articulados de Puebla (SAPI)su decisión de concesionar la administración de la primera línea de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), aclaró el secretario de Infraestructura y Transporte, Diego Corona Cremean.
Incluso, informó en entrevista que la entrega de los derechos a un privado se podría concretar antes de que concluya este año.
"Están (los ex transportistas de la troncal Tlaxcalancingo-Chachapa) en su derecho de alegar lo que crean conveniente. Todas las concesiones tienen una reglamentación, un documento de concesión que indica las reglas de operación y las reglas que se deben de cumplir por parte del gobierno del Estado o los concesionarios. Si en algún caso se incumpliera, están las vertientes jurídicas para que se tenga que resolver lo que se tenga que resolver”, dijo.
Lo anterior, luego que concesionarios de SAPI advirtieran que el gobierno de Rafael Moreno Valle no puede concesionar el servicio debido a que existe un litigio, y de hacerlo, incurriría en un fraude.
No obstante, abrieron la posibilidad de negociar una indemnización de más de 400 millones de pesos, pero Diego Corona indicó que no habrá negociación con ellos.
Según el secretario, que exista un litigio no es impedimento para concesionar el servicio.
Concesión estaría antes de febrero 2017
Cuestionado sobre el tiempo que tomaría al Gobierno del Estado en realizar este trámite, Corona Cremean adelantó que la resolución podría darse antes de que termine la administración del gobernador Rafael Moreno Valle, aunque enfatizó que aún no se ha tomado ninguna decisión.
“No hay nada definido y estos cambios podrán darse antes de que termine el sexenio, pero estamos en esas definiciones”, dijo.
Esto, después de que el propio funcionario confirmara hace unas semanas que el Gobierno del Estado busca privatizar el servicio, los agremiados de SAPI confirmaron que los socios de la empresa Corredores Insurgentes SA (CISA) están interesados en comprar las acciones de la concesión de la Línea 1 del sistema de trasportes inaugurado en 2013.
No obstante, los accionistas mayoritarios de la concesión actual acusan que la empresa de la Ciudad de México ofrece apenas el 25 por ciento del valor real de las acciones a cada uno de los socios.