Hace tres años, la Iglesia católica guardaba silencio ante la investigación de la PGR en el oratorio Don Bosco, por presuntos actos de pederastia y pornografía infantil. Mientras que en el 2011, el Cabildo de Lalo Rivera aprobaba un aumento salarial del 100 por ciento para regidores, secretarios y directores. Y en el 2005, el entonces secretario de Educación Pública, Darío Carmona, reconocía que maestros que se convirtieron en diputados federales cobraron sueldo durante las campañas.

Víctor Sánchez Espinosa tendió un velo de oscuridad sobre la investigación de la PGR por presuntos actos de pederastia y pornografía infantil en el oratorio Don Bosco, al proteger a los curas involucrados y calificar las pesquisas como simples especulaciones. El arzobispo dijo que esperaría a que las autoridades federales culminen con la investigación correspondiente y se deslindó de los involucrados al decir que ellos “tienen otros superiores religiosos”, pese a que uno de los curas del oratorio aceptó la requisa de computadoras y la investigación por presuntos actos pederastas.

Por la vía fast track y por unanimidad, los regidores y el alcalde Eduardo Rivera Pérez aprobaron el dictamen del “aumentazo” disfrazado de pago de asignaciones para requerimientos de pago de servidores públicos en el municipio de Puebla. 

El aumento salarial del 100 por ciento para los regidores, secretarios y directores generales de la Comuna, se dio aprovechando un dictamen aprobado por el Cabildo en el 2006, que refiere la autorización de compensaciones extraordinarias conforme “la lealtad, la eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones”.

Ocho priistas cobraron su salario como trabajadores del Magisterio, a pesar de que ya no ejercían como docentes en su plaza de la Secretaría de Educación Pública, pues estaban en campaña por una diputación local, reveló entre líneas Darío Carmona García, titular de la dependencia, al asegurar que se cancelaron sus cheques el día 15 de enero, luego de que rindieran protesta.

La alcaldesa de Puebla Blanca Alcalá Ruiz negó que su gestión fuera utilizada para denostar la figura del ex alcalde capitalino, Enrique Doger Guerrero y descartó la posibilidad de que diversas figuras políticas quisieran confrontar su administración con la del ex munícipe.

El alcalde Antonio Gali Fayad “cortó la cabeza” de su secretario particular, Erich Ziehl Loera, luego de que investigaciones de la Contraloría municipal lo involucraran con una red de funcionarios que realizan actividades poco éticas en el ejercicio público. A pesar de ser uno de sus funcionarios más cercanos, el presidente municipal tomó la decisión ejemplar para garantizar la integridad de su gobierno y abonar en la lucha contra la corrupción. La investigación de la Contraloría inició con la detención de tres sujetos que fueron denunciados por comerciantes de la junta auxiliar de San Baltazar, por extorsión.