Difiere ONU de la Corte por caso Cacho

 

El representante del Alto Comisionado para Derechos Humanos aclaró que el fallo judicial no implica que el tema esté agotado

 

Silvia Garduño / Agencia Reforma

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Amérigo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó este lunes que los criterios que utilizaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Lydia Cacho son distintos a los de la ONU.


"Nosotros no queremos entrar en ese tema, son valoraciones que nosotros, por una parte, escuchamos, respetamos, tenemos desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos otras concepciones, otro punto de vista", expresó.


En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Incalcaterra reiteró que el mensaje de la Oficina a su cargo es condenar la explotación y la pornografía infantil, cualquier forma de privación o limitación a la libertad de expresión y cualquier forma de tortura y acto de violencia que se cometa contra las personas para ejercer sus propios derechos.


"Esos son mensajes coherentes y consistentes con los principios incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos", advirtió en entrevista tras la presentación del informe "El derecho a una vida libre de discriminación y violencia: mujeres indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca".


Asimismo hizo un llamado a los periodistas para dar lectura pertinente al fallo de la Corte y no dejar que esto implique que no haya libertad de expresión.


"Tienen que seguir haciendo el ejercicio que están haciendo y si sienten que se han agredido las libertades en el ejercicio de su función, reclamarla ante los mecanismos idóneos; Procuradurías en principio.


"Seguramente habrá algunas menciones, algunas declaraciones de parte de los Procuradores, que van a levantar el tema, o sea, no está agotado", expuso.


Lo que ha dicho la Corte, añadió, no implica que el tema esté agotado, por lo que no impide que otras instancias hagan lo propio: investigar, sancionar y reparar.


El 29 de noviembre, la SCJN dictaminó que no hubo violaciones graves a los derechos humanos de Lydia Cacho por parte del Gobernador de Puebla, Mario Marín.

 


 
 
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