Acosan en estados a la transparencia

Abel Barajas / Agencia Reforma

Al menos ocho integrantes de órganos de transparencia estatales han enfrentado en el último año solicitudes de órdenes de aprehensión, destituciones y reformas que les impidieron terminar con sus periodos.

Las presiones han venido de Gobernadores, pero también de los Poderes Judiciales, Congresos locales y hasta de sus propios colegas, quienes han votado en algunos casos la remoción de los titulares de dichos organismos.
Estos hechos han llevado a que comisionados y consejeros de tres estados de la República se encuentren amparados.

REFORMA entrevistó a representantes de cinco entidades, quienes coinciden en que su labor tiene un costo cuando se manifiestan críticos, revelan información incómoda o son incisivos ante los incumplimientos de las autoridades con las leyes de transparencia.

Uno de los casos más representativos ocurrió en Morelos, donde en dos ocasiones se ha pedido la captura de los tres consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), acusados de violar la Ley de Amparo.

El consejero Eleael Acevedo Velázquez relata que todo empezó porque el IMIPE ordenó revelar los bonos que se otorgaban los miembros del Consejo de la Judicatura del Estado y exhibió que un funcionario cobraba como miembro de la Judicatura y como jubilado del gobierno.

Tres de los cinco miembros de la Judicatura se ampararon contra el IMIPE, pero el instituto hizo pública la información de los dos funcionarios que no se ampararon, y reveló que los consejeros judiciales cobraban cada enero un bono de 100 mil pesos.

En Coahuila, hace 11 meses el Congreso estatal redujo de 6 a 2 años el periodo de Eloy Dewey como presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), uno de los órganos de transparencia más combativos del País.

Los cambios se le atribuyen al Gobernador Humberto Moreira. Dewey ha decidido litigar la reforma que implicó su destitución como titular.