Lydia Cacho llevará a juicio a la PGR

Considera que las órdenes de aprehensión son para evitar que lleve su caso a tribunales internacionales

Calificó como una “triquiñuela” la intención de la procuraduría de ordenar la aprehensión de Kamel Nacif Borge y los judiciales que la trasladaron de Cancún a Puebla en diciembre de 2005

Selene Ríos Andraca

Lydia Cacho Ribeiro aseguró que las órdenes de aprehensión que solicitó la Procuraduría General de la República en contra del empresario Kamel Nacif y de cinco judiciales de Puebla es una simple estrategia para evitar que ella presente su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que interpondrá un juicio contra la PGR por obstrucción de justicia.

En entrevista con Cambio, la periodista calificó como una “triquiñuela” la intención de la PGR de aprehender a los judiciales que la trasladaron de Cancún a Puebla en diciembre de 2005, así como a las custodias que terminaron el trayecto con la periodista detenida por los supuestos delitos de difamación y calumnia en contra del empresario Kamel Nacif Borge. 

“No se trata de lograr la justicia porque, además, los delitos que se imputan a Nacif Borge y a los policías José Montaño Quiroz, Jesús Pérez Vargas, María Irene Arteaga Rangel y Verónica Chávez Cruz, así como del comandante Raymundo Rodríguez Rocha, no son del fuero federal, sino del fuero común y por tanto no se consideran graves y pueden solicitar amparos para evitar la cárcel” explicó la autora de Los Demonios del Edén.

Y es que para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acepte el caso de la periodista es necesario que agote todas las instancias de México sobre la procuración de justicia. Con este giro de la Procuraduría, se complica aún más el escenario para que Cacho busque justicia en los tribunales internacionales, de ahí que la periodista considere a la PGR como cómplice.

El martes pasado, La Jornada dio a conocer que: “La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó órdenes de captura en contra del empresario Kamel Nacif Borge y cinco policías de Puebla, como presuntos responsables de la detención y presunta violación de garantías individuales de la periodista Lydia Cacho; sin embargo, los delitos que se les imputan no son considerados graves, por lo que los agentes podrían solicitar amparos para enfrentar las acusaciones en libertad, revelaron altos mandos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas”.

En pláticas con sus nuevos abogados —ahora especializados en Derecho Internacional—, Cacho tomó la decisión de iniciar un juicio en contra de la PGR por obstrucción de justicia, ya que las órdenes de aprehensión recién emitidas atrasarán su caso por dos años.

Lo que más le preocupa a Cacho es “el peligro, la indefensión en la que me deja la PGR, al mandar el caso a Quintana Roo, porque las amenazas de los judiciales y las de Kamel están latentes. Él dijo que no se quedaría tranquilo hasta dejarme enloquecida”.

Lydia Cacho aseguró que las órdenes de aprehensión estaban listas desde enero de 2007, ya que la entonces fiscal de delitos contra las mujeres, Alicia Pérez Duarte, declaró que los judiciales sí habían torturado a la periodista cuando la aprehendieron en Cancún, Quintana Roo.

“Me parece que la decisión que tomó la PGR es una triquiñuela para quitarle la consistencia jurídica, para descafeinar mi caso, para dejarlo sin azúcar y sin huevos, para entretenerme”.

Cuando Alicia Pérez Duarte llevó el caso de Lydia Cacho, ella había consignado las órdenes de aprehensión en contra de los judiciales por el delito de tortura y a Kamel Nacif lo había señalado como protector de Jean Succar y como impulsor de la pornografía infantil en México.

A los delitos cometidos por los judiciales se les había dado el orden federal, debido a que la tortura se llevó a cabo en carreteras federales, por las que transitaron en el Cavallier para trasladar a Cacho al Centro de Rehabilitación Social San Miguel, en la capital poblana.

La también columnista de El Universal reveló que Santiago Vasconcelos, ex subprocurador de la PGR le confesó que su caso había dejado de ser jurídico para ser político, por lo que ella quedaba en un estado de indefensión.

“Me quedó claro que me arrancaron el derecho jurídico, cuando hablé con Vasconcelos.”  

Cacho aseveró encontrarse en indefensión, ya que ahora la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo tratará de probar que los judiciales poblanos amenazaron a Lydia Cacho y en caso de comprobarlo, no existe una penalización.

“Me someterán nuevamente a exámenes sicológicos para saber si fui amenazada. Eso es muy difícil de comprobar, porque es su palabra contra la mía”.

Y sobre la orden contra Kamel Nacif, Cacho la calificó como una burla, puesto que de acusarlo de impulsar la pornografía infantil, la PGR lo minimizó a “mentirle” a varias autoridades. “En Quintana Roo, la Procuraduría de Justicia montará un circo, mientras los acusados ni siquiera se pararán en el estado, y mientras yo entraré a estudios sicológicos”.