Extienden plazo para consignar a los sicarios


El miércoles vence el plazo para que el juez les fije auto de formal prisión


En el Juzgado Cuarto de lo Penal se tienen medidas de seguridad nunca antes vistas: dos guardias a la entrada de la oficina del juez, dos patrullas y dos células de cinco uniformados de la Policía Estatal


Edmundo Velázquez

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A 144 horas se extendió el plazo para que el juez cuarto de lo penal, Alfredo Miranda Guerra, determine el auto de formal prisión contra los ocho sicarios detenidos en Tlapanalá.


Hasta el momento, el togado se ha mantenido en total hermetismo y se ha negado a recibir a representantes de medios de comunicación. Mientras tanto, en el juzgado se tienen medidas de seguridad nunca antes vistas: dos guardias a la entrada de la oficina del juez, dos patrullas y dos células de cinco uniformados de la Policía Estatal Preventiva al frente del Centro de Readaptación de Social (Cereso) de San Miguel.


De acuerdo a los informes de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, es probable que hoy o mañana se emita un comunicado del juez Miranda para evitar mayores especulaciones.


Y es que ayer circuló la versión —e incluso se publicó en varios medios de comunicación— de que ya era un hecho la formal prisión para los ocho detenidos. Sin embargo, trabajadores del juzgado insistieron en que el plazo constitucional fue extendido.


Será entonces el miércoles próximo cuando se conozca la situación legal de detenidos provenientes de Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Puebla.


Cabe decir que, hasta el momento, las autoridades en Puebla no han tenido respuesta de parte de la delegación de la Procuraduría General de la República, dependencia ante la cual pidieron que el caso fuera atraído desde el jueves pasado, como informó el procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra.


Incluso entre los grupos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal hoy se esperan indicaciones para iniciar la planeación de un probable operativo con el que se movilice nuevamente a los sicarios, en caso de que lo pida la PGR, a otro punto, probablemente en la capital del país.


Es importante recordar que si bien los ocho detenidos ya fueron consignados por los delitos del fuero común —como delincuencia organizada, secuestro y homicidio en grado de tentativa—, aún falta que se les juzgue por los delitos del fuero federal como portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y uso de insignias y condecoraciones de funcionarios federales.

 

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