Silva Meza resolverá el caso de la Ley de Transparencia

Al ministro más crítico de Mario Marín le asignaron la resolución de inconstitucionalidad de la reforma aprobada

La ombudsman poblana retoma las riendas de la autonomía de la CDH y le pide a los diputados priistas que la eligieron que respeten las facultades que le brinda la Constitución

Selene Ríos Andraca

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública —promovida por la ombudsman poblana Marcia Maritza Bullen Navarro— y acordó que el ministro Juan Silva Meza sea el encargado de instruir el procedimiento que podría resolverse en un año, consta en el expediente 99/2008.

Juan Silva Meza es un personaje sumamente conocido para el marinismo, ya que fue el ministro encargado de llevar a cabo la investigación por las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en la que concluyó que el gobernador Mario Marín Torres y las autoridades poblanas confabularon en contra de la autora de Los Demonios del Edén.   

La recién electa presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla demostró en su primera acción relevante en el cargo una independencia inusitada frente al servilismo de sus dos antecesores Jorge Ramón Morales y José Manuel Flores Mendoza.

Fuentes del poder Legislativo entregaron a Cambio una copia del oficio remitido por la ombudsman a los diputados interesados, mediante el cual les notifica que la acción de inconstitucional ha sido promovida (anexo 1).

La notificación a los diputados / Da click para agrandar

En entrevista con Cambio, Bullen Navarro comentó que el pasado 16 de agosto acudió personalmente al máximo tribunal de justicia en el país a presentar la acción de inconstitucionalidad por la imposición de la bancada priista en la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 18 de julio.

Con la presentación de la acción de inconstitucionalidad, Bullen Navarro superó el plazo marcado por el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución que establece 30 días naturales para la presentación del mismo.

“El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.”

En la lista de notificaciones, en la sección de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia se encuentra el expediente 99/2008, promovido por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla.

“Fórmese y regístrese el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad y túrnese este expediente al Ministro Juan N. Silva Meza, como instructor del procedimiento, según el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal”, notificó la Suprema Corte el 21 de agosto.

Tengo autonomía: Bullen

A menos de un mes de rendir protesta como titular de la Comisión de Derechos Humanos, Marcia Maritza Bullen rompió cualquier lazo con el marinismo y el priismo, al presentarse como recurrente de la acción contra la ley de Transparencia.

Al preguntarle si le pidió permiso a Mario Marín o a los diputados priistas que recientemente la eligieron para presentar la acción, Marcia Maritza Bullen atajó con un contundente: “Por supuesto que no, yo tengo mi autonomía en la ley y me la tienen que respetar, yo respondo a un mandato constitucional (…) Ellos (los legisladores) deben entender la función y el perfil de la comisión. En un estado de derecho se tienen que respetar las acciones de la comisión. Ellos harán sus funciones y yo las mías.”

Ante la falta de 14 diputados para presentar la acción, Marcia Maritza Bullen hizo eco a la solicitud de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información —conformada por todos los órganos garantes del país—, diputados del PAN y Nueva Alianza remitida a la Comisión el pasado 7 de agosto, en la que exhortaron a la CDH y a la Procuraduría General de la República (PGR) a promover el recurso ante la Corte.  

“Mi principal motivación es que dentro de mis funciones que me confiere la Constitución, en la normatividad 105 constitucional, fracción segunda inciso G, nos faculta a las comisiones que promovamos una acción de inconstitucionalidad. El segundo es que el 7 de agosto llega a esta comisión una promoción de inconstitucionalidad de parte de diputados de la LVII Legislatura, diputados federales, comisionados de órganos garantes de otros estados y comisionados del IFAI, así como organismos de la sociedad civil. Nosotros hicimos nuestra la solicitud y con base en ello, nos vimos facultados a presentarla.”

Bullen explicó que la Comisión simplemente remitió a la Corte la serie de observaciones realizadas por la Comaip y los legisladores locales, al tiempo de explicar que el organismo no sumó ninguna queja por la reforma a la ley mencionada.
“El documento que me envían ellos, es el documento integral de la acción de inconstitucionalidad que presenté a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será ésta la que entre al fondo del asunto y en su momento, resolverá si es inconstitucional o no la ley.”

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