Rechazan diputados cambios al artículo 86

Esto, tras la manifestación de choferes del transporte público

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Los chafiretes buscan que se derogue la modificación de dicho artículo hecha en el 2005 mediante la cual se tipifico como delito grave el homicidio imprudencial que originan los operadores de transporte Público

Yonadab Cabrera Cruz

La reforma al artículo 86 del Código Social del estado de Puebla sólo la puede realizar la ciudadanía, pues la modificación a esta disposición legal fue un mandato de los poblanos para frenar los decesos en manos de los choferes del transporte público, así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del estado, Juan de Dios Bravo.

Cabe recordar que en 2005 una catedrática de la BUAP murió a consecuencia del exceso de velocidad con que viajaba una ruta de transporte público, por lo que la comunidad universitaria se indignó ante el hecho. Por ello asociaciones civiles, universitarios y catedráticos presionaron a la LVI legislatura para que estableciera penas o sanciones más severas en contra de los transportistas.

“Esta reforma se aprobó por los 41 diputados de la LVI legislatura, fue una petición ciudadana, creo que la legislatura actuó en consecuencia como representantes de la sociedad”.

Además explicó que a los diputados les restan cinco días en el cargo, por lo cual “es imposible” que se lleven a cabo más mesas de trabajo, y sobretodo que se realice alguna reforma al artículo 86, por lo que será la LVII legislatura la encargada de dialogar y solucionar el problema.

“Nosotros no estamos pidiendo la revisión, la están pidiendo los que se sienten agredidos, y la próxima legislatura tendrá que dialogar con ellos, escucharlos y ver sus razones”.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del estado manifestó que los operadores de transporte público “reconocen que hay conductores que son buenos, y entienden que hay conductores que son malos”, por lo que le pidieron que se aplique la ley a los malos conductores, mientras que a los que conducen con precaución se les den facilidades.

No obstante, Juan de Dios Bravo indicó que esta petición no puede ser posible, debido a que se estarían violando las garantías individuales de los transportistas, por dividirlos entre buenos y malos.

—¿Estas modificaciones deben permanecer?
—Estas modificaciones, al igual que cualquier otra ley,  deberán seguir mientras la ciudadanía crea que están funcionando.

—¿Según el artículo 86, los choferes ya no alcanzan fianza por la muerte de alguien?
—Así es.

—¿Ellos piden que les den fianza, o que se reestructure todo para que salgan libres?
—Sí, antes de la modificación de esta ley, tenían derecho a fianza si le quitaban la vida a una persona. Al modificarse subió la pena de 6 a 16 años, entonces por los años no alcanzan fianza. La idea de estas medidas fue para frenar los accidentes.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Rómulo Arredondo Gutiérrez, deslindó a esta dependencia de cualquier situación que tenga que ver con el artículo 86 del Código de Defensa Social del estado de Puebla, pues aseveró que sólo es competencia del Congreso del estado verificar dicha disposición legal.

Pero en lo que le corresponde a la SCT, dijo que se han realizado diversas acciones para disminuir los accidentes de tránsito causados por los operadores del transporte público, como la campaña de educación y seguridad vial, o los operativos toxicológicos en la calle.

“No hay ningún país en el mundo, en donde una ley, que por el simple hecho de modificarla, deje de haber accidentes (sic). Ellos refieren que el artículo 86 los hace trabajar bajo presión y sienten ahí la injusticia, es una situación que tendrá que analizar la legislatura entrante”.

—¿Para la secretaría es viable el hecho de que se revise la reforma al artículo 86, de acuerdo a los resultados que ha dado, en la definición de los accidentes?

—A la secretaría no le corresponde emitir una opinión al respecto, yo les refiero que son varios los factores, los que disminuyeron los accidentes. No fue el artículo 86 por sí mismo, fueron una serie de medidas que la secretaría implementó y que junto con los permisionarios se dio un resultado positivo.
—¿Cuántos son los procesos legales en contra de los choferes?
—Son 20, y están en la Procuraduría.

—¿Cuál es el compromiso de la SCT con los transportistas?
—No tocamos ningún punto que tuviera que ver con la secretaría, fue básicamente el artículo 86 el que se tocó en esta mesa.