Alcalá es cómplice de los negocios sucios de Marín

Acusan dirigentes y diputados del PAN

El diputado federal José Antonio Díaz García, exigió la cancelación de la concesión y que se transparente la información sobre los lugares donde se van a instalar los parquímetros, además de que se aclare el proceso de licitación y se inicie un procedimiento de sanción contra quien resulte responsable por el daño patrimonial

Olivia López Pescador / Efraín Núñez Calderón

Tras acusar a la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz de ser cómplice de un posible “albazo legislativo” en el tema de la concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar, el PAN en el estado reprobó la relación que existe entre esta empresa mexicana y el consorcio español OHL, ambas firmas beneficiadas abiertamente por el marinismo.

Tras asistir a la sesión extraordinaria de Cabildo, en el que el PAN expresó su repudio a los términos del Título de Concesión, Rafael Micalco, Fernando Arrubarrena, líderes estatal y municipal del PAN, y los diputados José Antonio Díaz García y Manuel Janeiro Fernández denunciaron la existencia de negocios sucios del gobernador detrás de este contrato.

Criticaron que Jajomar no haya cumplido con las promesas para la detonación comercial de la zona del paseo de San Francisco, donde proyectaron la instalación de tiendas ancla, así como la construcción de oficinas y desarrollos de lujo, los cuales hasta el momento son inexistentes.

Rafael Micalco Méndez, presidente del Comité Directivo Estatal aseguró que el fraude en San Francisco viene de la mano con el cúmulo de anomalías en la concesión de los parquímetros y denunció que con estos negocios existen políticos que están acumulando mucha riqueza con el poco dinero de los poblanos:

“No cumplió en el Paseo de San Francisco, ¿de quién era el negocio del Paseo de San Francisco?, ustedes póngale nombre, ¿de quién es el negocio de los parquímetros?, pónganle nombre, sigue habiendo unos cuantos interesados en esos temas.”

Micalco insistió en que el gobernador Mario Marín Torres se encuentra detrás de la concesión a Jajomar.

En tanto, para el diputado local Manuel Janeiro, el incumplimiento de Jajomar-OHL en el Paseo de San Francisco es un antecedente del poco perfil con que cuenta la empresa de los hermanos Martínez en sus negocios:

“Ahora sólo falta la mayoría priista. No se establecen los beneficios para la sociedad, parece un negocio en el que la riqueza se concentrará en unas cuantas manos y estamos ante un conjunto de negocios turbios en donde no sabemos que funcionarios públicos que están detrás de ello.”

Para el legislador, después de conocerse la sociedad entre Jajomar y OHL, evidencia que no fue casual que le hayan entregado al consorcio español la construcción, mantenimiento y operación del Libramiento Norte de Puebla:

“No sólo no es casual, sino porque no se abrió una licitación. Cuando vemos que el gobierno del estado no quiere hacer una licitación pública es parte de los sucio y lo turbio como se conduce el gobierno del estado.”

El diputado federal José Antonio Díaz García exigió la cancelación de la concesión y que se transparente la información sobre los lugares donde se van a instalar los parquímetros —contenidos en el anexo uno del documento—, además de que se aclare el proceso de licitación y se inicie un procedimiento de sanción contra quien resulte responsable por el daño patrimonial.

“Cuando se aprobó la concesión el 27 de julio de 2007 en el Ayuntamiento dogerista, no se realizó un estudio técnico integral que fundamente el uso del parquímetro como solución a la vialidad en el Centro Histórico, no se realizó un estudio socioeconómico sobre el impacto a la economía de los comerciantes, habitantes y los usuarios afectados, el proceso de licitación no fue transparente y contraviene la ley de adquisiciones, el dictamen y titulo de concesión no están debidamente motivados y fundados, por tal motivo la concesión debe declararse jurídicamente improcedente.”

Díaz García aseguró que en la anterior administración hay varios implicados porque desde que se licitó estuvo mal, ya que se desecharon dos empresas por no cumplir los requisitos, pero nunca se declaró desierta la licitación, sino que se la otorgaron a Jajomar.

Por su parte, el líder municipal del PAN Bernardo Arrubarrena García, avizora que la aplanadora priista va aprobar la concesión ilegal, lo cual, va afectar el bolsillo del ciudadano.

Reanudación sospechosa del
proceso de concesión: Montiel

El coordinador de los regidores albiazules, Pablo Montiel Solana aseguró que la administración de Blanca Alcalá quiso encubrir la reanudación de la concesión de los parquímetros, argumentando que de no hacerlo ocasionaría un daño patrimonial al municipio, ya que le tendría que pagar una indemnización a la empresa. Sin embargo confirmó que: “No se puede indemnizar a una empresa que no ha generado derechos, porque lo que la haría generar derechos sería la aprobación del Congreso y si el Congreso no la aprueba no pasa nada.”

Además, señaló que ninguno de los regidores priistas, ni Román Lazcano le han podido explicar de dónde salen las cantidades que según ellos pagaría la comuna a Jajomar por indemnización, así como el hecho de que difieran tanto entre una cantidad y otra.

“Nadie me ha podido demostrar cómo llegan a esas cuentas hablando de la indemnización a la empresa. Alguien dice mil 300 millones, luego que 600 y en la sesión un regidor dice 60 y cómo están calculando eso, cómo es que llegó al cálculo de una posible indemnización.”

Incluso, mencionó que la concesión de los estacionómetros entrará en vigor una vez que el Congreso del estado la apruebe: “Entonces porqué se habla de la recesión de una concesión que no está aprobada, el Congreso no ha aprobado esa concesión. Todo lo que gire en torno a 500 millones, mil 300 millones, todo son mentiras.”

Además, acusó a Lazcano Fernández de mentiroso: “Porque el síndico sale y engaña a la gente diciendo que costaría 60 millones de pesos a la administración indemnizar a Jajomar, es un negocio redondo, un negocio de 230 millones de pesos al año, con una inversión de 140 millones.”