La Concesión a Jajomar plagada de irregularidades

Los agentes de tránsito se supeditarán a los intereses de la empresa cercana al gobernador Mario Marín

Además la empresa asume funciones de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Tesorería al cobrar las multas. El ayuntamiento sólo tendrá el 26 por ciento de las ganancias recabadas por la prestación del servicio

Yonadab Cabrera Cruz / Efraín Núñez Calderón

El título de concesión del servicio de parquímetros a la empresa Jajomar —de los hermanos Jacobo, Jorge y Mariano Martínez— es un compendio de inconsistencias y contradicciones jurídicas a través de las cuales el ayuntamiento de Blanca Alcalá protege los intereses de la firma cercana al gobernador Mario Marín Torres, sin importar que afecte la economía de los poblanos.

Una de las irregularidades más graves es la supeditación de los agentes de tránsito a este particular, debido a que los uniformados se encargarán de colocar los inmovilizadotes “arañas” y de multar a los automovilistas por excederse de la hora de cuota y por cometer daños a los estacionómetros, entre otros aspectos que afecten los bienes de la empresa.

Peor aún, en la sesión de Cabildo del 14 de julio pasado, el cuerpo edilicio autorizó a Jajomar la extensión de los polígonos donde prestará servicios, por lo que se corre el riesgo de que la ciudad de Puebla se llene de éstos artefactos.
Asimismo, Jajomar se atribuirá funciones que le competen a la Tesorería y Tránsito Municipal, pues la empresa que ha incumplido sus promesas en el Paseo de San Francisco, será la encargada de cobrar las multas a nombre del ayuntamiento.

Más aún, sólo el 26 por ciento de lo recabado por los estacionómetros ingresará a las arcas municipales, llevándose Jajomar jugosas ganancias que oscilan en los 200 millones de pesos al año.

Pero no es todo, ya que en la cláusula de “Suspensión de la Concesión” se establece una indemnización a favor de Jajomar en caso de que el ayuntamiento decida cancelar indefinidamente.

Lo anterior representa una clara protección de la Comuna capitalina a la empresa, pues en esa misma cláusula se establece que “no será motivo de suspensión de la concesión el atraso en el suministro o el suministro deficiente del concesionario de materiales y equipos para la prestación del servicio concesionado”.

En otro apartado del título se observa una anomalía igual de grave en la que Jajomar planea contratar personal para resguardar los estacionómetros, sancionen e inmovilicen automóviles; sin embargo, éstas son competencias exclusivas de la autoridad a través de al Dirección de Vialidad municipal.

Como puede observarse, ésta cláusula se contrapone a la que establece en el mismo título de concesión, que los agentes de tránsito serán los encargados de llevar esta tarea.

Jajomar se asumirá
como autoridad

Según el título de concesión tanto el concesionario como los agentes de vialidad municipal serán los encargados vigilar los estacionómetros y sancionar a los automovilistas cuando excedan la hora o causen algún desmán a los aparatos.

Lo anterior implica que Jajomar se atribuirá funciones que no le corresponden, debido a que ningún particular puede sancionar a los automovilistas, es decir, la empresa se asume como autoridad.

Por otro lado, los agentes de tránsito se reducirán a meros protectores de los bienes de la empresa, supeditando sus funciones a los intereses de los hermanos Martínez en perjuicio de los ciudadanos:

“El concesionario instalará los inmovilizadotes mediante operativo conjunto con la autoridad, cada vez que un visor avise respecto del agotamiento del tiempo pagado, o bien, detecten daños o anomalías en la operación (…) Posteriormente el público usuario deberá pagar la multa de la infracción en los estacionómetros o lugares designados por el concesionario para lo cual recibirá asistencia en todo momento del personal operativo del concesionario y recibirá sus comprobantes del pago respectivo con base en lo cual, le será retirado el inmovilizador”, destaca el punto 2.4.9 del multicitado documento.

Los agentes de tránsito quedan reducidos a meros trabajadores al servicio de la empresa: “Ambas partes convienen que el ayuntamiento contará con oficiales de tránsito adscritos a la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los cuales estarán encargados de imponer las multas y sanciones, así como para inmovilizar vehículos en los casos que los reglamentos respectivos establezcan. El concesionario brindará la capacitación y actualización necesaria al personal de tránsito adscrito a la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad que se encarguen de la imposición de multas y sanciones en materia de estacionómetro en bienes del dominio público municipal”, señala la cláusula 10.6.

Otro ejemplo de la atribución de funciones propias de la autoridad de parte de Jajomar es el apartado 2.4.14 en el que se establece que el “concesionario concentrará los recursos derivados, las multas obtenidas por las infracciones de los usuarios y recaudadas en los estacionómetros y deberá entregarlos a la tesorería municipal a más tardar el día hábil siguiente al de su recaudación”.

Esta cláusula se contrapone a la 5.5.5 en la que se argumenta que Jajomar no puede imponer cualquier tipo de sanción de tránsito —aunque su personal podrá inmovilizar automóviles— pero si podrá recibir el pago de estas infracciones a través de los estacionómetros, y/o equipos destinados para la prestación del servicio.  

Negocio multimillonario

Jajomar se hará multimillonario con el bolsillo de los poblanos debido a que de los ocho posos que cobrará por la hora de estacionamiento sólo le dará el 26 por ciento al ayuntamiento capitalino.

Es decir, la empresa se quedará con el 74 por ciento del cobro por privatizar la vía pública. Estas ganancias representarían al año alrededor de 200 millones de pesos, suma que podría dispararse en caso de que se concrete el aumento de los polígonos e incluso de la tarifa como se contempla en el título de concesión.

La justificación de concesionar por 15 años el servicio de parquímetros se debe a que supuestamente en ese periodo de tiempo Jajomar recuperará su inversión de 140 millones de pesos, sin embargo, esta suma la cubre en menos de un año. Es decir, en 15 años su inversión crecerá más de 15 veces, logrado amasar una fortuna de 3 mil millones de pesos:
“Fuera de los recursos que se generen por el pago de multas del monto total mensual de los ingresos brutos que el funcionario reciba por la prestación del servicio que se concesiona, entregará al municipio de Puebla 26 por ciento con el objeto de que sean destinados a mejorar las condiciones de la infraestructura del Centro Histórico. La entrega se hará mensualmente dentro de los primeros 15 días del mes inmediato posterior en el que se generen los recursos y se harán ante la Tesorería Municipal de la concedente”, establece el primer párrafo del capítulo 8.

Protección excesiva

La evidencia fehaciente de que el ayuntamiento capitalino busca proteger a Jajomar son los candados correspondientes a la cláusula de “Suspensión del Título de Concesión”. Y es que el documento establece que sólo se podrá cancelar el acuerdo de manera temporal, ya que si la comuna decide suspenderlo definitivamente tendrá que indemnizar a los concesionarios por un monto no establecido pero que estará a consideración del concesionario:

“El Ayuntamiento podrá suspender temporalmente en todo o en parte la presente concesión sin que pueda esta suspensión ser prorrogada o indefinida. En todo caso se deberá indemnizar al concesionario por la suspensión decretada.”

Sin embargo el candado que protege a Jajomar para evitar una posible suspensión de la concesión es evidente, ya que párrafos abajo se estipula que: “No será motivo de la concesión el atraso en el suministro o el suministro deficiente del “concesionario” de materiales y equipos necesarios para la prestación del servicio concesionado”.