Avala Ejecutivo juicios orales

Mayolo López / Agencia Reforma

El Presidente Felipe Calderón firmó el Decreto de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, orientado fundamentalmente al uso de la figura de los juicios orales, que entrará en vigor en toda la República a partir de su publicación y se espera sea este miércoles.

El Mandatario federal afirmó que la lucha contra el crimen organizado debe ser competencia del conjunto de la sociedad y del Estado mismo, y no sólo del Gobierno.

"No es una lucha del Gobierno, es de toda la sociedad, del Estado mexicano. Lo que está en juego no es la seguridad y la integridad de los gobernantes, sino de los gobernados", argumentó el Mandatario en su mensaje.

Por lo pronto, Calderón Hinojosa sostuvo que se requiere de una "meticulosa implementación", en el territorio nacional, de los nuevos procesos derivados de la Reforma en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública.

Entre los beneficios de la reforma, destacó Calderón, México adoptará un sistema de justicia penal plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados; los poderes judiciales comenzarán un proceso de implementación y transición hacia este nuevo sistema de enjuiciamiento.

Además agregó que se otorgan facultades de investigación a las policías; los ciudadanos gozarán de un sistema eficaz y transparente de protección de sus derechos, tanto del inculpado como de las víctimas; se establecen nuevas medidas en favor de los derechos de las víctimas.

Las autoridades tendrán nuevas herramientas constitucionales para combarir a la delincuencia organizada.

Explicó también que se establecerán centros especiales de reclusión preventiva y exclusión de sentencias que contarán con medidas de vigilancia especial para miembros de la delincuencia organizada.

A la ceremonia, efectuada en el salón Tesorería de Palacio Nacional, asistieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia; los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así como el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.

A juicio del Presidente Calderón, la reforma es el sustento para consolidar un sistema de justicia mucho más moderno y efectivo, en aras de garantizar la seguridad de toda la población.

El priista César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, había sostenido en su intervención que el combate contra el crimen organizado atañe "fundamentalmente" al Ejecutivo federal.

Según dijo, el sistema de seguridad y justicia penal está agotado y la gente no aguanta más.

El panista Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, consideró que es importante dar cuerpo a una ley que regule la organización y funcionamiento del nuevo sistema de seguridad pública, y, también, actualizar el marco normativo que rige la operación de los cuerpos de seguridad privada.