Ordenan detener a captores de Cacho


El abogado de Lydia Cacho, Xavier Olea, dijo que el delito que se imputa a los acusados es de carácter grave


Abel Barajas / Agencia Reforma

 

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Un juez penal de Quintana Roo ordenó ayer las aprehensiones de cuatro agentes de la Policía de Puebla, por haber incurrido en ilegalidades graves durante la detención de la periodista Lydia Cacho, ocurrida el 16 de diciembre de 2005.


Xavier Olea, abogado de Cacho, informó que el Juzgado Primero Penal de Cancún libró ayer los mandatos de captura contra los agentes estatales y aparentemente negó la aprehensión de un elemento de la Policía de Quintana Roo, por falta de pruebas.


Explicó que la PGR consignó este expediente por el delito de tortura, con base en la norma federal, pero como al final el caso terminó en el fuero común y en esa jurisdicción no existe tal ilícito, un tribunal le ordenó al juez local aplicar el Código Penal Federal en forma supletoria.


El litigante agregó que en cualquiera de los casos, el delito que se imputa a los acusados es de carácter grave, lo que implica que no tendrán el beneficio de la libertad bajo fianza, en caso de ser capturados.


En base a la información proporcionada, el juez ordenó las aprehensiones de los policías poblanos José Montaño Quiroz, Jesús Pérez Vargas, Irene Arteaga Rangel y Verónica Chávez Cruz.


De acuerdo con Olea, la PGR no solicitó en este expediente la captura del empresario textilero Kamel Nacif, ya que decidió dejar abierto un desglose en la Fiscalía de Periodistas, para continuar con la investigación en su contra por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.


El caso de Lydia Cacho tiene finalmente órdenes de aprehensión, después de 29 meses de que ocurriera la detención de la periodista, quien ha denunciado públicamente que fue víctima de abusos por parte de sus captores.


La PGR consignó el expediente de este asunto, que consta de 20 tomos, en la última semana de abril. Aunque el juzgador tenía 24 horas para resolver si giraba las capturas, dicha resolución ocurrió 20 días después, ya que los tribunales se enfrascaron en conflictos de competencia.

 


 
 
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