Ordenan detener a captores de Cacho 
	     
	    El abogado de Lydia Cacho, Xavier Olea, dijo que el delito que se imputa a los acusados es de carácter grave 
	    
	      Abel Barajas  / Agencia Reforma   
	      
	    
        
	    
	    Un juez penal de Quintana Roo ordenó ayer las aprehensiones  de cuatro agentes de la   Policía de Puebla, por haber incurrido en ilegalidades graves  durante la detención de la periodista Lydia Cacho, ocurrida el 16 de diciembre  de 2005. 
	     
	      Xavier Olea, abogado de Cacho, informó que el Juzgado  Primero Penal de Cancún libró ayer los mandatos de captura contra los agentes  estatales y aparentemente negó la aprehensión de un elemento de la Policía de Quintana Roo,  por falta de pruebas. 
	     
	      Explicó que la   PGR consignó este expediente por el delito de tortura, con  base en la norma federal, pero como al final el caso terminó en el fuero común  y en esa jurisdicción no existe tal ilícito, un tribunal le ordenó al juez  local aplicar el Código Penal Federal en forma supletoria. 
	     
	      El litigante agregó que en cualquiera de los casos, el  delito que se imputa a los acusados es de carácter grave, lo que implica que no  tendrán el beneficio de la libertad bajo fianza, en caso de ser capturados. 
	     
	      En base a la información proporcionada, el juez ordenó las  aprehensiones de los policías poblanos José Montaño Quiroz, Jesús Pérez Vargas,  Irene Arteaga Rangel y Verónica Chávez Cruz. 
	     
	      De acuerdo con Olea, la PGR no solicitó en este expediente la captura del  empresario textilero Kamel Nacif, ya que decidió dejar abierto un desglose en la Fiscalía de Periodistas,  para continuar con la investigación en su contra por los delitos de tráfico de  influencias y cohecho. 
	     
	      El caso de Lydia Cacho tiene finalmente órdenes de  aprehensión, después de 29 meses de que ocurriera la detención de la  periodista, quien ha denunciado públicamente que fue víctima de abusos por  parte de sus captores.  
	     
	      La PGR  consignó el expediente de este asunto, que consta de 20 tomos, en la última semana  de abril. Aunque el juzgador tenía 24 horas para resolver si giraba las  capturas, dicha resolución ocurrió 20 días después, ya que los tribunales se  enfrascaron en conflictos de competencia. 
	      
	     |