Zetas pagan mejor que la Procuraduría


El líder de los sicarios busca reclutar a agentes judiciales. Les ofrece 30 mil pesos al mes


Manuel Antele Velasco, líder del brazo armado del Cártel del Golfo, conoce las precarias condiciones laborales de sus excompañeros, pues fungió como parte de la Policía Judicial en el grupo Huauchinango y después trabajó en la Séptima Comandancia, especializada en Robo de Vehículos


Staff/ Diario CAMBIO

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La célula de Los Zetas que opera en el estado de Puebla planea engrosar sus filas reclutando policías judiciales aprovechando las precarias condiciones laborales de los agentes. Manuel Antele Velasco, el “dueño de la plaza” y que comanda a los sicarios del Cártel del Golfo en varios puntos del territorio estatal ha ofrecido a sus excompañeros un pago de 30 mil pesos mensuales que comparados con los 6 mil a 10 mil que máximo ganan los judiciales se ha convertido en “una oferta tentadora”, como admiten varios agentes entrevistados por Cambio.


Las críticas condiciones laborales de los trabajadores de la Policía Judicial no solamente están ligadas al bajo salario, sino que, las prestaciones, comparadas con “los pagos” ofrecidos por Los Zetas son una bicoca. Existe un seguro de vida que los integrantes de la corporación perciben únicamente en caso de una muerte violenta, pero éste apenas llega a los 50 mil pesos. Cifra de la que se deben descontarse los gastos funerarios necesarios para el agente que fallece.


Y por si fuera poco, existe una condición más que deben de cumplir los agentes para hacer efectivo el seguro de vida. Al momento de morir violentamente, para cobrar el seguro, el policía judicial deberá de tener puesto el chaleco antibalas, de lo contrario no se hará el pago a los familiares, como detallaron a Cambio los agentes judiciales.


Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia en Puebla no ha llevado a cabo ninguna política para evitar este tipo de quejas entre los policías judiciales, sin embargo sí han impuesto a Manuel Méndez Marín como titular de la dirección de Asuntos Internos.


Tras el poco éxito de los aspirantes a la convocatoria pasada para ser miembros de la Policía Judicial, donde se declararon desiertos los 50 puestos debido a que ninguno de los candidatos tuvo los requisitos necesarios, recientemente el procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra dio a conocer que serán abiertas 190 plazas a través de una nueva convocatoria.


Entre los requisitos, el grado de escolaridad ahora ha aumentado y se exigirá a los próximos candidatos que tengan al menos una carrera terminada, en vez de carrera trunca, como se pidió en la convocatoria pasada. El procurador Archundia ha insistido en que los requisitos se aumentan para “mejorar la imagen de la Policía Judicial” y cambiar así la idea de corrupción que se tiene de la corporación.


Por el mismo motivo fue que el procurador Archundia creó la “Fiscalía Especial para la Supervisión, Control e Inspección de la Policía Judicial”, donde colocó a Manuel Méndez Marín como fiscal encargado.


Pero el gesto, solamente promovió la molestia entre los agentes que ya en un inicio se encontraban molestos por las malas condiciones laborales, e incluso agravó los rumores de la salida del director de la Policía Judicial, Hugo Isaac Arzola Muñoz.


“¿Qué nos va a supervisar Méndez Marín? Si ese tiene más cola que le pisen. El que le hayan dado un cargo para investigarnos no ayuda en nada. Él no es autoridad moral para nosotros”, comentó al respecto uno de los agentes judiciales que hablaron con Cambio.


Entre otros detalles, los agentes relataron que cada uniformado de la Policía Judicial gana 3 mil pesos a la quincena en caso de “ser tropa”, como ellos llaman a los subordinados. En caso de ser comandantes o jefes de grupo aspiran a un salario mayor que apenas alcanza los 5 mil pesos a la quincena.


“Si llegamos a comandantes nos medio va bien. Pero no ganamos mucho. Es lo básico, tenemos hijos y familia. Eso apenas y nos alcanza”, comentaron entre sus quejas los agentes.


Estas carencias las conoce bien Antele, quien ya fungió como parte de la Policía Judicial, donde laboró hasta 2006 con la placa 134. Fungió como judicial en el grupo Huauchinango y después trabajó en la Séptima Comandancia, especializada en Robo de Vehículos.


En las declaraciones de ocho de los Zetas detenidos en Tlapanalá en meses pasados, Antele aparecía como “el dueño de la plaza”, y como quien ya había cooptado a funcionarios como la extitular de ministerios públicos en Cholula, María Eugenia Enríquez Reyes, el comandante Jairo Baena y el agente del Ministerio Público federal de la zona de Huauchinango, Misael Toledo. Hasta la fecha Baena labora normalmente en la Policía Judicial y Enríquez fue situada como agente del Ministerio Público asignada al Centro de Mediación. El procurador Archundia se ha negado a dar detalles sobre sus casos asegurando que “constan en actuaciones que están en trámite y no pueden ser reveladas”. Misael Toledo ya es investigado por la Procuraduría General de la República.

 

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