Confirmado: la elección de 2010 será en noviembre

El PRI escondió en los transitorios la artimaña jurídica para evitar los comicios locales en julio

Una vez más, la maquinaria priista y dos de sus incondicionales impondrán la reforma electoral desacatando el mandato del Constituyente Permanente aprobado en 2007, al mantener intacta la fecha de los comicios del próximo año

Selene Ríos Andraca

Después de guardar celosamente el segundo transitorio que mantiene la elección en el mes de noviembre de 2010, la bancada del PRI mostró su juego a la oposición en la Comisión de Gobernación y con su mayoría mecánica avaló el dictamen que será aprobado esta mañana en el Pleno Legislativo, con lo que se consumará el desacato constitucional, hecho que será impugnado por Nueva Alianza y Acción Nacional.

El dictamen incluye unas modificaciones lights que respetan los principios básicos de la nueva normativa como la prohibición a contratar espacios en radio y televisión con fines proselitistas, así como el silencio obligatorio de la comunicación gubernamental durante la temporada de campañas. Añade por igual la existencia del periodo de precampañas y la posibilidad de que el Instituto Federal Electoral (IFE) organice los comicios locales.

Existe incertidumbre respecto al escenario que se presentará mañana durante la votación, puesto que la mayoría priista requiere dos votos más para la mayoría calificada compuesta por 28 votos, y es que anoche la perredista Irma Ramos se abstuvo en la aprobación del dictamen; el petista Manuel Fernández aseguró estar indeciso y la convergente Carolina O’Farril se reportó enferma, aunque éstos legisladores siempre apoyan incondicionalmente la cargada priista.

Es preciso señalar que en caso de inasistencia de alguno de los diputados, la mayoría calificada se reduciría, y si falta un diputado se requerirían solamente 27 y si no asisten dos, la mayoría se conformará con 26 sufragios, y así sucesivamente.

El desacato constitucional que se cometerá este día en el punto 15 del orden del día estriba en el transitorio segundo del decreto de reforma, elaborado por el área jurídica del Congreso local, que no es más que una vil copia de la iniciativa priista que presentó Pablo Fernández del Campo el viernes pasado.

En un comparativo entre la iniciativa del PRI y el decreto que se pondrá a discusión no existe ninguna diferencia, ni siquiera en los puntos o en las comas, solamente se eliminó la frase: “Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional” y se agregó: “Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Puebla.”

Hasta 2013, elecciones en julio
La Comisión de Gobernación inició su sesión a las ocho de la mañana y al mediodía, ante la insistencia de Acción Nacional y Nueva Alianza de cambiar la elección de 2010 para julio, la mayoría priista determinó que el área jurídica del Congreso local presentará un predictamen a las cuatro de la tarde.

Pasadas las cuatro de la tarde se reanudó la sesión, y el predictamen descubrió la artimaña del PRI para cumplir de manera formal con el mandato constitucional pero violando el mismo al reservarse la entrada en vigor del cambio de la fecha de los comicios hasta 2013.

El predictamen que más tarde sería avalado solamente con cuatro votos —una abstención y dos en contra— establece dos transitorios: el primero que la “presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado” y el segundo: que por única ocasión, el cambio de fecha de la elección se realizaría hasta los comicios intermedios de 2013.

El argumento del PRI, según Pablo Fernández, para reservarse el cambio de fecha fue para mantener la estabilidad política y la gobernabilidad, ya que sería un caos social que de julio a febrero —cuando las autoridades toman protesta— hubiera un gobernador en turno, un electo; 217 alcaldes salientes e igual número de entrantes, así como 41 diputados en turno e igual número electos.

Sin embargo, a pesar de dicho argumento, el Revolucionario Institucional y el área jurídica del Congreso local olvidó establecer en la Constitución de Puebla la reducción de mandatos de las nuevas autoridades y el cambio de fecha para la rendición de protesta de las mismas.

Al preguntarle a los legisladores priistas Rocío García Olmedo y Fernández del Campo sobre la omisión, ambos comentaron que dichos detalles se establecerán en las modificaciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales (Coipep) que se llevarán a cabo en el segundo periodo de sesiones.

Las modificaciones que establece el dictamen son las básicas que marca el decreto del Congreso de la Unión: la intervención del IFE en la organización de comicios; el control del espectro radioeléctrico; el silencio de la comunicación gubernamental durante las campañas; la reducción de las precampañas y los topes de las mismas; así como la difusión de propaganda y publicidad con imagen, nombre o logotipo de servidores y funcionarios públicos.

PAN y Nueva Alianza
por la impugnación

Los coordinadores de Acción Nacional y Nueva Alianza plantearon la posibilidad de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de sus dirigencias nacionales para promover una acción de inconstitucionalidad, aunque continúan analizándolo.

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